Los querellantes también exigen penas duras

El abogado querellante de la familia Chaves, Eduardo Maffía, pidió penas que van de 12 a 25 años de cárcel para los nueve acusados por el copamiento del Banco Nación de Villa Ramallo. A todos los consideró integrantes de la banda que organizó y ejecutó el golpe que terminó 20 horas después en la masacre. Les adjudicó desde la preparación previa, con seguimientos a la familia del gerente del banco hasta maniobras de distracción durante la irrupción del trío en la entidad bancaria.
Durante una exposición que duró casi una hora, el profesional se dedicó a desgranar frente al tribunal las pruebas contra cada uno de los acusados. En todo momento diferenció los roles que tuvieron en la planificación del asalto y en las maniobras de distracción que habrían realizado en la mañana del 17 de septiembre para facilitar la fuga de los ladrones.
Como era de esperar, la pena más dura (25 años) fue solicitada para Martínez, por robo seguido de muerte en tres oportunidades, asociación ilícita, tentativa de robo calificado, privación ilegal de la libertad en 6 oportunidades y utilización de material explosivo son los delitos indilgados. Además de remarcar su participación en el copamiento al banco, el patrocinante de la familia Chaves le atribuyó haber estudiado la escena del hecho con anterioridad.
Al momento de relatar la salida del banco, Maffía calificó a Martínez de "cobarde y de desprecio por la vida" al tomar como escudo humano a Flora Lacave. En cuanto a las responsabilidades que podían caberle a cada uno de los nueve imputados, el abogado consideró que detrás de Martínez seguían Mónica Saldaña, su concubino Raúl Mendoza y el policía bonaerense Aldo Cabral. Para esas tres personas pidió condenas de 21 años de cárcel. A la mujer le otorgó el agravante de que utilizó a sus hijos menores para "servirse de pantalla" y a Cabral "por ser empleado policial".
En tanto, para Silvia Vega, Norberto Céspedes y Jorge Aguilar, pidió 17 años, mientras que para Beatriz Vilches y Alberto Aguirre, solicitó 12 años de prisión.
Por la tarde, pronunció su alegato la abogada Liliana Alda, querellante de la familia del contador Carlos Santillán. Tras una exposición breve, pidió prisión perpetua para Martínez y reclusión perpetua para el resto de los acusados.