Madrid. - El gobierno autónomo vasco anunció ayer que querellará al juez Baltasar Garzón por considerar que incurrió en "prevaricato" al suspender las actividades de Batasuna, mientras que el Parlamento vasco decidió no disolver el bloque de este partido separatista considerado el brazo político de ETA. El vocero del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), anunció ayer la presentación de la demanda contra Garzón ante la sala segunda del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española.
Imaz dijo que la querella obedece a que el Ejecutivo vasco considera que los autos de suspensión de Batasuna dictados por ese juez "son injustos, menoscaban la competencia del gobierno y suponen limitaciones graves, infundas e ilegítimas al derecho de manifestación y reunión".
Las medidas adoptadas por Garzón "crearon una situación de inseguridad jurídica, extendieron las consecuencias a personas no relacionadas con los hechos y acusaron a la mayoría de la sociedad vasca", dijo el vocero del Ejecutivo de Vitoria, capital del País Vasco. Asimismo, consideró que estas decisiones "contradicen la interpretación que sobre las limitaciones impone la Convención Europea de los derechos humanos".
En dos dictámenes, uno del 26 de agosto y otro del 6 de septiembre, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional (máxima instancia penal española) ordenó suspender por tres años las actividades de Batasuna, por considerar que forma parte del "entramado terrorista" de la organización separatista vasca ETA. De admitirse la querella a trámite por prevaricato -delito que se define como aquel que comete un funcionarios público a sabiendas o por ignorancia inexcusable- el juez Garzón podría ser suspendido cautelarmente hasta que se resolviera el caso.
Desafío parlamentario
En una segunda ofensiva, casi al mismo tiempo que el Ejecutivo anunciaba la querella contra Garzón, el Parlamento vasco acordó, con los votos del PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU) -socios en el gobierno vasco-, no disolver a Batasuna al considerar "nulo de pleno derecho" el dictamen de su suspensión. Según Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, con la decisión de no suspender al bloque de Batasuna no se busca incurrir en desacato, sino defender el respeto que se merece el Legislativo vasco como institución. Atutxa se refería a un informe elaborado y difundido el lunes por los servicios jurídicos de la Cámara de Diputados del País Vasco en el que se señalan "contradicciones" entre los dos citados autos de Garzón. (DPA)
La Ciudad
