Dos policías de Tucumán y tres de Catamarca fueron pasados a disponibilidad preventiva, sospechados de haber cobrado coimas para permitir la circulación del micro que luego provocó una de las peores tragedias viales argentina, con 47 muertos y 24 heridos.
La determinación fue adoptada por los jefes de ambas policías provinciales, luego de que algunos sobrevivientes denunciaron que se les exigió "una vaquita de 50 pesos para pagar a los policías" que estaban en el control de ruta, para poder circular sin inconvenientes.
Sin embargo, la Justicia intenta determinar si existió el pago de la coima y quién o quienés la cobraron, ya que en la ruta nacional 38, por la cual circulaba el micro de la empresa Oyola, existe un puesto caminero del lado de la provincia de Catamarca, en la Cuesta del Portezuelo, y otro del lado de Tucumán, en el río Huacra. Ambos puestos camineros fronterizos provinciales están separados por unos 100 kilómetros.
"Los agentes José Luján y Antonio Garzón fueron puestos en disponibilidad. Esto nos autoriza el reglamento interno en el marco de las actuaciones administrativas, paralelas a las judiciales, que estamos llevando a cabo", dijo el jefe de la policía tucumana, comisario Luis Valdiezo.
Por su parte, una fuente del Ministerio de Gobierno de Catamarca informó que "se pasó a disponibilidad a tres policías que cumplieron servicio la tarde noche del domingo pasado en el puesto caminero del Portezuelo".
El ministro Pedro Casas presentó, además, una denuncia penal ante la fiscalía de turno para que se investigue "el presunto delito de pago de coimas en todas las camineras de la jurisdicción provincial". Si bien los cinco suboficiales que autorizaron la circulación del micro sin la documentación necesaria y con 72 pasajeros a bordo, a pesar que tenía una capacidad de 46 asientos, perdieron el estado policial, ninguno de ellos fue detenido.
Acusan a policías
Tras el accidente, ocurrido en la noche del domingo pasado en la Cuesta del Totoral, algunos de los sobrevivientes denunciaron que habían sido obligados a pagar una coima de dos pesos cada uno para que se les permitiera continuar viaje, a pesar de la saturación de pasajeros.
El fiscal de instrucción de Concepción, Raúl Fermoselle, ordenó ayer a la tarde el secuestro de los libros de los diferentes controles camineros de la policía en los límites con Catamarca.
Algo similar ocurre con la fiscal de Catamarca, Patricia Olmi, quien recibió la denuncia penal realizada por el Ministerio de Gobierno local.
En tanto, en la ciudad de Concepción, ubicada a 75 kilómetros de la capital de Tucumán y con 62 mil habitantes, se realizaron los sepelios de las 47 personas fallecidas en la tragedia.
En medio de un clima de profundo dolor, los familiares, amigos y vecinos acompañaron las inhumaciones de los restos de las víctimas en los distintos cementerios locales.
Uno de los momentos más motivos se vivió en el Sindicato del Ingenio La Corona, en el barrio Alvear (en él vivían muchas de las personas que fallecieron en la Cuesta del Totoral) cuando los alumnos de segundo grado de la Escuela Independencia ingresaron para despedir a Ruth Zurita, de 7 años.
Acompañados por sus padres y maestros, los chicos ingresaron de la mano y rezaron una oración junto al ataúd de su compañerita, quien murió en el viaje junto con sus abuelos paternos, Manuel de Reyes y Sofía de Zurita, y con el abuelo materno, Marcelo Carrizo.
En tanto, una familia que anteayer no pudo identificar en la morgue de Catamarca el cadáver de Vilma Nieva, la última de las 47 víctimas del accidente del Totoral en ser reconocida, descubrió ayer que otra familia del mismo apellido estaba velando, por equivocación, a la mujer.
Desesperados porque desde anteayer no habían podido recuperar el cuerpo de su pariente de 61 años, los Nieva recorrieron los numerosos sepelios que se desarrollan en la ciudad de Concepción (ubicada a 75 kilómetros de la capital provincial) hasta que descubrieron que los restos de la mujer eran velados como si fueran de otra con nombre homónimo.
El estado de los heridos
La caída del micro a un precipicio de 150 metros de profundidad en la Cuesta de El Totoral se produjo el domingo pasado y provocó la muerte de 47 personas, en tanto otros 24 viajeros sufrieron heridas de diversa consideración. En tanto, siete de las personas heridas se encontraban ayer en estado muy delicado, dijeron fuentes médicas.
El jefe de Emergencias del Hospital San Juan Bautista, Ernesto Martínez, dijo que cuatro de los internados en ese establecimiento están en estado "muy delicado", debido al politraumatismo y fracturas múltiples que presentan.
Los cuatro chiquitos que están alojados en el Hospital de Niños también permanecen en sala de terapia intensiva y con pronóstico reservado, dijeron fuentes de ese centro asistencial.
Nueve de los lesionados ayer fueron dados de alta (tres del Hospital San Juan Bautista y seis del Hospital de la Merced, departamento Paclín).
En tanto, los choferes Juan José Soberón y José Luis Juárez son hasta ahora los únicos imputados, como responsables del delito de homicidio culposo en 47 oportunidades.
De acuerdo con los datos suministrados en la sede del juzgado de Instrucción 3 de Catamarca, a cargo de la jueza María de los Milagros Vega, ambos choferes se encuentran internados, uno de ellos en estado de coma cuatro, en el Hospital San Juan Bautista y, además, están en calidad de detenidos e incomunicados.
Raúl Oyola, propietario de la empresa de transporte, fue internado ayer en una clínica de la localidad tucumana de Alberdi víctima de una crisis nerviosa y en las próximas horas la jueza Vega evaluará sobre su responsabilidad en el hecho, dijeron las fuentes. (Télam)
La Ciudad
