Aval para eliminar jubilaciones "políticas"

El secretario de Seguridad Social salió en defensa del régimen especial destinado a jueces y diplomáticos

El secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, apoyó ayer en el Senado la derogación de las jubilaciones de privilegio para legisladores y funcionarios del gobierno, pero defendió un régimen especial para jueces, diplomáticos, docentes, científicos y trabajadores que realizan "tareas penosas".
Conte Grand informó a los senadores de siete comisiones que analizan el proyecto sancionado por Diputados, el cual elimina todos los regímenes especiales salvo el de docentes y científicos, al tiempo que establece por un año un tope máximo de 3.100 pesos para todas las jubilaciones.
En el Salón de Lectura del Senado, el funcionario abogó por diseñar regímenes complementarios para actividades especiales, de manera de compensar las prestaciones que excedan los niveles del sistema general.
Sin embargo, algunos senadores estimaron que el diseño de esos regímenes especiales demandará un tiempo que excede largamente la fecha del 9 de octubre, fijada para debatir en la Cámara alta el proyecto sancionado por los diputados.
Por lo tanto, se calcula que los senadores revisarán la eliminación de varios regímenes especiales aprobada en la Cámara baja (entre los que se cuenta el del Poder Judicial), aunque hay consenso en derogar definitivamente hacia el futuro las jubilaciones "políticas" (legisladores y funcionarios del gobierno).
Con respecto al techo para las jubilaciones actuales que superan los 3.100 pesos (unos 10 mil casos),- tanto el funcionario como algunos de los senadores llamaron la atención sobre el riesgo de que se produzca una cascada de pleitos por cercenar derechos adquiridos.
El radical Raúl Baglini consideró que el recorte podría ahorrar al sistema unos 120 millones de pesos anuales, pero advirtió que se corre el riesgo de que el Estado termine pagando 500 millones como producto de juicios perdidos.
El peronista Jorge Busti apoyó, en cambio, el tope de 3.100 pesos sancionado por los diputados para todas las jubilaciones, fundado en la situación de emergencia que vive el país.
Asimismo, no hubo oposición para fijar un máximo a las jubilaciones futuras, aunque la salteña Sonia Escudero aludió a la inconveniencia del tope de forma general, en el marco de una economía inestable que puede obligar a corregir periódicamente un techo desactualizado por la inflación.
El justicialista Eduardo Menem se preocupó por preguntar en qué situación quedarían los obispos de acuerdo al proyecto sancionado en Diputados. Conte Grand respondió que tanto los prelados como los ex presidentes deberían ser objeto de una definición política al margen de cualquier consideración técnica en materia de previsión social.