El juez federal Claudio Bonadío citó a presidentes de bancos extranjeros para que declaren si recibieron pedidos de sobornos, por parte de integrantes del Senado de la Nación, para trabar la aprobación de un proyecto que restituye el aporte del 2 por ciento sobre comisiones e intereses que se destinarían a la obra social bancaria.
El magistrado tomó esta determinación -incluye la citación "bajo apercibimiento de ley" si no se presentan-, en el marco de una batería de medidas ordenadas en la mañana de ayer en el marco de la causa que investiga el presunto pedido de sobornos.
Los banqueros serán interrogados en una veintena de audiencias que comenzarán hoy y se extenderán hasta el martes 24 de setiembre.
Bonadío también requirió al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Miguel Angel Toma, que informe -en un plazo de 48 horas- si existe un video de supuestas reuniones que se habrían mantenido y, en caso afirmativo, que lo remita al Tribunal.
El magistrado, además, libró oficios a los embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido en los que les solicita su "colaboración" para saber si las reuniones denunciadas realmente existieron y, en su caso, si fueron informadas al canciller Carlos Ruckauf.
Mientras, la senadora por Tucumán, la justicialista Malvina Seguí -denunciante en la causa en la que interviene Bonadío- le reclamó ayer al mediodía al magistrado que cite a Emilio Cárdenas, titular del HSBC para que aporte el supuesto video que habría manifestado tener.
La legisladora quiere que Cárdenas, al declarar como testigo, identifique a las supuestas personas que habrían solicitado los aportes de dinero, tal como indicó, también ayer, por la mañana, una información periodística.
Allegados a la senadora indicaron que Seguí también pidió que se cite a Manuel Sacerdote, del Banco de Boston, quien -según una versión difundida por un canal de televisión- también habría afirmado poseer el video.
Mientras tanto, la senadora Seguí aseguró que "jamás" pidió dinero a cambio de demorar el tratamiento de una ley. "No tengo nada de qué arrepentirme ni nada que ocultar", señaló, para añadir que desde hoy estará en su despacho "las 24 horas del día hasta que aparezcan las pruebas que incriminen a alguien. Y si no aparecen, que se retracten los que hablaron".
Bonadío investiga los hechos denunciados en una nota publicada por el diario londinense Financial Times, con la firma del periodista Thomas Catan, quien también deberá declarar como testigo.
Días atrás, Catan solicitó la postergación de la audiencia, a lo que Bonadío hizo lugar, porque tenía compromisos laborales asumidos con anterioridad, según explicó ante el magistrado.
El proyecto de la discordia
De acuerdo al artículo, algunos banqueros habrían recibido el pedido de coimas para no avanzar en el tratamiento de un proyecto del senador Luis Barrionuevo destinado a crear un fondo de desempleo para los empleados bancarios.
La iniciativa contemplaba la creación de la Comisión Nacional de Trabajadores Bancarios que se financiaría con el 2 por ciento de las comisiones que las entidades crediticias cobran a sus clientes.
Así las cosas, el juez aguarda la respuesta a un oficio que cursó al apoderado del Senado, Juan Carlos Salerni, para que informe el estado parlamentario de la iniciativa legislativa a la que aludió el periodista del diario londinense.
Las medidas ordenadas por Bonadío habían sido solicitadas por los fiscales federales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan.
Al expediente que instruye Bonadío, se agregó otro, iniciado minutos después por la comisión de Asuntos Legislativos de la Cámara Alta, que recayó en el juzgado a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría pero que, por conexidad, se sumó al que tramitaba Bonadío.
Los puntos del proyecto aprobado por el Senado a mediados de agosto refieren a la declaración de emergencia bancaria que, entre otros temas, restituye una contribución del 2 por ciento sobre las comisiones e intereses para ser destinada al financiamiento de la cobertura médica de los desempleados de la actividad.
Por otro lado, el proyecto de ley de emergencia y empleo bancario, defendido por los empleados del sector, estipula la creación de una bolsa de trabajo bancario que incluirá a trabajadores que se desempeñan a tiempo parcial, a los despedidos y a los que aspiren a trabajar en algún banco para promover su reincorporación o incorporación plena en la actividad.
Además, garantiza el cumplimiento de la jornada laboral vigente de 7 horas y media, y fija limitaciones a la realización de horas extras "con el fin de garantizar la justa y racional distribución del trabajo existente, para posibilitar que la carga laboral que demanda horas extras sea adjudicada a desempleados".
La Ciudad
