Pese a surgir en las últimas horas una fuerte polémica entre la Casa Rosada y la Justicia electoral por el envío de los fondos para financiar las internas, el gobierno negó ayer que haya un conflicto entre ambos poderes y ratificó el cronograma vigente. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que los dineros que destinará a los comicios no serán los esperados.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, aseguró que "no hay temas de conflicto" con la Justicia que pueda poner en riesgo el proceso electoral. Aunque aclaró que los fondos que el gobierno está dispuesto a girar para los comicios serán inferiores a los 37 millones de pesos requeridos.
"No hay ninguna cuestión que pueda hacer presumir o pensar que por este tipo de cuestiones se pueda demorar o perturbar el proceso eleccionario", enfatizó el funcionario.
En esa línea, Matzkin recordó que el gobierno todavía está a tiempo para enviar el dinero, pero insistió en que será "bastante inferior" al reclamado por la Cámara Nacional Electoral.
El ministro dijo que el oficialismo aspira "a que los gastos en relación a lo que pide la Justicia no resulten superiores a los tradicionales, que son por cierto bastante inferiores a los mencionados".
Sorpresa doble
El lunes pasado, la Cámara, a través de los jueces Rodolfo Munn, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, sorprendió con un doble reclamo: por un lado la remisión de los fondos y, por el otro, la difusión a través de Internet de la nómina de afiliados a los partidos políticos.
Por su parte, la jueza federal María Servini de Cubría, con competencia electoral, sostuvo que no existe ninguna presentación "que impida que las internas se hagan". Y explicó que resolverá el planteo formulado por el senador del PJ Jorge Yoma luego de que Interior fije su posición (ver aparte).
Yoma solicitó a la Justicia electoral que declare inconstitucional el último decreto presidencial por el cual se limitó la votación de los afiliados en las internas abiertas, por lo que se espera en los próximos días la resolución de Servini.
En tanto, la expectativa comenzó a centrarse en Santiago del Estero, provincia gobernada por el justicialismo, donde el domingo se realizará la primera contienda electoral en la que se renovará la mayoría de las autoridades tras la caída de la administración de Fernando de la Rúa.
En el marco de los comicios a gobernador y vice, los santiagueños renovarán más de 50 diputados y elegirán otros 50 convencionales constituyentes. De acuerdo a los sondeos, el PJ (que impulsa otro mandato de Carlos Díaz, sucesor de Carlos Juárez por razones de salud) tiene posibilidades de alzarse con un triunfo frente al radicalismo y al ARI, que disputan el segundo lugar.
La medida de la Cámara, que causó preocupación en el gobierno, procura garantizar la transparencia de las elecciones internas y establecer un mecanismo que permitirá a los ciudadanos revisar si fueron incluidos en padrones partidarios en forma involuntaria.
Al respecto, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien aspiraría a la reelección, aseguró que "espera que no estén en peligro las internas" por los reclamos de la Cámara.
Además, Solá advirtió que si no se realizaran los comicios, el peronismo "demostraría una importante dispersión" y eso, según advirtió, restaría "legitimidad" al candidato presidencial.
Paralelamente, la campaña sigue su curso. También los realineamientos internos, sobre todo en el PJ, que marcan el termómetro político del proceso electoral.
La Ciudad
