El jefe de la Fuerza Aérea de Uruguay, brigadier general José Malaquín, habría trasladado a su país prisioneros secuestrados en Buenos Aires en el marco de la Operación Cóndor, que en la década del 70 coordinó la represión ilegal implementada por las dictaduras del Cono Sur.
Se presume que Malaquín actuó como copiloto de un avión militar que, en 1976, habría trasladado a Uruguay a unos 15 ciudadanos oriundos del vecino país pero que fueron detenidos ilegalmente en Argentina por el aparato represivo.
Según el diario oriental La República, las víctimas de aquel vuelo "fueron utilizadas para fingir un resurgimiento de la subversión que justificara la concesión al Uruguay de asistencia militar por parte de Estados Unidos".
Los crímenes enmarcados en el Plan Cóndor son investigados en Argentina por la Justicia federal, que procesó al ex dictador Jorge Videla como uno de los principales responsables de los operativos, supuestamente comandados desde Chile en la dictadura de Augusto Pinochet.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Videla en mayo pasado. Argentina, incluso, tramita la extradición de Pinochet, del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessener y de ex represores de Bolivia y Uruguay por su presunta participación en los secuestros y desapariciones forzadas perpetradas al amparo del Plan Cóndor.
Por eso, la presunta participación del brigadier Malaquín en el traslado de prisioneros desde Buenos Aires a Uruguay ha despertado el interés de investigadores argentinos.
Actualmente la causa por el Operativo Cóndor está a cargo del juez federal Jorge Urso, quien esta semana resolvió sumar al caso los testimonios de los obispos Justo Laguna, de Morón, y Jorge Casaretto, de San Isidro.
La querella, rol asumido por familiares de las víctimas, reclamó también la declaración del obispo Federico Pagura, ex presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, y del pastor evangelista Emilio Monti, de la Iglesia Metodista.
Indemnización
En otro orden, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal ordenó indemnizar a la viuda e hijos de uno de los soldados que participó de la rebelión carapintada encabezada por Mohamed Alí Seineldín el 3 de diciembre de 1990 y que fue muerto luego de haber tomado la sede del Ejército Argentino.\El monto de la condena fue fijado en 140.000 pesos, pero el Ministerio de Defensa sólo tendrá que afrontar la mitad de esa cifra, porque la Sala I de la Cámara consideró que también hubo culpa de la víctima, porque asumió conscientemente una situación de "riesgo" para su vida.\La indemnización fue otorgada a Ingrid Nadir Luna, cónyuge del sargento Guillermo Daniel Verdes, quien formó parte del grupo de amotinados que comandó el entonces capitán Gustavo Breide Obeid.\Ese día, cuando los insubordinados deponían su actitud y se aprestaban a entregar el Edificio Libertador, Verdes recibió un impacto de bala que provocó su muerte.
Las pruebas reunidas permitieron concluir que el disparo provino de un "sujeto indeterminado", pero "integrante del Ejército".
La Ciudad
