Pedidos de coimas, falsificación de documentos público, robo, asociación ilícita y homicidio. Esos son los delitos por los cuales se encuentran acusados y detenidos 40 policías en toda la provincia. Ese número representa casi el 90 por ciento de los casos investigados por la Dirección de Asuntos Internos que derivaron a su vez en medio centenar de pedidos de destitución en lo que va de este año. A esa cifra se le agregan 15 efectivos ya exonerados o cesanteados de la fuerza en los últimos 9 meses.
La sumatoria de esos números y el promedio de sumarios elaborados por el organismo dependiente del Ministerio de Gobierno arroja como resultado que entre el 3,5 y el 4 por ciento del total de los efectivos policiales se encuentra bajo investigación por problemas tan diversos como faltas puramente administrativas al reglamento de la policía y delitos no excarcelables. Ese porcentaje se viene manteniendo desde que esa dirección fue creada durante el gobierno de Jorge Obeid.
"En los cinco años que llevamos de trabajo se mantiene más o menos el mismo porcentaje de personal con sumarios abiertos por distintas causas", señaló la titular de Asuntos Internos, Leyla Perazzo, quien rescató como positivo que durante ese tiempo se hayan resuelto 440 causas con procesamientos judiciales firmes y que actualmente se encuentra en distintos juzgados de sentencia.
En el caso de los pedidos de destitución que ya están en estudio por el gobierno provincial, las unidades regionales que lideran el ranking son las de los departamento Rosario y Santa Fe, las más numerosas en cuanto a número de efectivos. Las dos jefaturas tienen 10 agentes cada una bajo investigación por irregularidades.
Luego le siguen la de General López, con cinco pedidos de exoneración; Castellanos, con tres y Garay, Caseros y Las Colonias con dos cada una.
Sin detalles
El informe oficial no menciona por nombre y apellido a los involucrados, sólo por cargo que ocupaba al momento de denunciarse la irregularidad, el destino donde presta servicios y la causa por la que es investigado. Salvo algún caso específico tampoco abundan detalles sobre los presuntos delitos. La mayoría de los casos están definidos como infracciones a distintos artículos y sus correspondientes incisos del reglamento policial.
Algunas de las faltas tienen que ver con cuestiones meramente administrativas o de conducta dentro de la fuerza, como puede ser la no presentación de un agente a un servicio determinado. Pero en algo son coincidentes: la mayoría de las violaciones a esos artículos son tan graves que en muchas oportunidades resultan causas suficientes para pedidos de exoneraciones o cesantías.
La diferencia entre esas dos calificaciones está centrada principalmente en los alcances. Ser exonerado supone un castigo mayor con el cual el policía sancionado, además de ser expulsado, tampoco tiene derecho a ninguna cobertura social del estado ni al reclamo de pensión o jubilación. Con relación a años anteriores, a partir de las investigaciones de Asuntos Internos fueron destituidos en 2000 27 policías y en 2001, 32.
La Ciudad
