Santa Fe. - El presidente del Concejo Municipal, Darío Boscarol, confirmó a La Capital la presentación ante el fiscal en turno para que se investigue la presunta responsabilidad del arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Storni, por administración infiel y malversación de fondos públicos por 145.763 pesos provenientes de las colectas anuales de Más por Menos entre 1991 y 1999.
Boscarol, que en su presentación se declara católico al igual que su familia, pero como funcionario público afirma que no puede dejar pasar por alto "hechos que suponen graves irregularidades, a través de datos que surgen del Arzobispado de Santa Fe y la publicación oficial de la campaña Más por Menos, y que exhiben importantes diferencias en la cantidad que se debió depositar a nombre de la Comisión Episcopal de Ayuda y lo remitido por el arzobispo Storni.
Este nuevo hecho, ajeno a la investigación por los abusos sexuales cometidos por el arzobispo, se suma a las denuncias de empresas en las cuales están al frente familiares del padre Mario Grassi, una de las cuales tiene que ver con la confección de recibos de sueldos a escuelas privadas, que es solventada a través de subsidios del Estado y sobre lo cual aparentemente no existiría el debido control.
Menos por más
De acuerdo a las disposiciones eclesiásticas sobre la colecta, se debe remitir la totalidad de lo recaudado con una reducción con autorización por parte del Arzobispado "para obras pastorales de la diócesis", señalando como un ejemplo concreto que en 1999 Santa Fe recaudó alrededor de 52.000 pesos y sólo se enviaron 21.000.
"En esa oportunidad, -relató Boscarol- un sacerdote santafesino hizo la denuncia ante la presidencia de la Comisión Episcopal de Ayuda, donde se reconoció posteriormente que efectuado el reclamo ante el arzobispo Storni, fueron remitidos 30.797 pesos, "producto de un error", según lo consignado por el titular de ese organismo, monseñor Cipriano García Fernández, obispo de Cafayate.
Sin embargo, parece ser que el mencionado error no sólo fue exclusivo de esa campaña, ya que una investigación más profunda indica que en los últimos diez años la diferencia entre las sumas obtenidas en las colectas y las remitidas a la Comisión Episcopal hasta 1999 totaliza unos 145.763 pesos.
Actualmente, la investigación del caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción a cargo de Julio César Costa, precisamente el mismo magistrado que tiene en sus manos las actuaciones por las denuncias del cura José Guntern por las acciones coaccionantes de las que fue víctima en el Arzobispado.
Boscarol sostiene además que desde la función pública nadie se puede desentender de hechos como estos, sobre todo si se tiene en cuenta que para la realización de las colectas nacionales el Estado contribuye mediante la cesión gratuita de espacios en los medios de comunicación.
En sus consideraciones a la Justicia, el concejal radical le da el carácter de "ilegítimo y contrario a disposiciones legales, por cuanto las autoridades de la Iglesia no están exentas del cumplimiento de las leyes en caso de verificarse infracciones a las mismas".
En las pruebas documentales donde surgen las diferencias se anotan cifras importantes, como por ejemplo en la campaña de 1993 la diferencia entre lo que se debía remitir y lo efectivamente enviado asciende a 34.943 pesos, o en 1998 la cifra alcanzó a 28.471 pesos, mientras que en 1997 fue de 18.394 y en 1992 de 16.621.
La Ciudad
