La declaración hecha por una testigo a última hora de ayer y la pormenorizada lectura por parte de la fiscalía de un listado de llamados telefónicos hechos y recibidos a la casa de esa mujer pareció complicar aún más la situación procesal de uno de los imputados por el copamiento e intento de robo al Banco Nación de Villa Ramallo. Si hasta ayer el cabo 1º de la policía bonaerense Aldo Antonio Cabral se ilusionaba con el desarrollo del juicio, la presencia ante el tribunal de Lidia Gloria Méndez echó por tierra con parte de sus aspiraciones. La joven fue pareja de Javier Hernández (el asaltante muerto durante la balacera policial en la que concluyó el hecho que se juzga) y en el teléfono particular de su vivienda de la zona sur de Rosario hay al menos una llamada hecha desde la casa del policía Cabral unos días antes del episodio, además de otras hechas desde los domicilios de otros imputados. Para la fiscalía, esos no son datos menores y seguramente serán parte de la demostración de que se está ante una banda organizada y de que esos llamados tenían por fin planificar el golpe.
Méndez dijo que conoció al "Pata o Sergio (Benedetti, en realidad Javier Hernández) en marzo o abril de 1999" en un boliche de Rosario y que su relación se extendió hasta los últimos días de agosto de ese año. "Nos peleamos porque el usaba el teléfono permanentemente y me empezaron a llegar facturas que yo no podía pagar. El me dijo que me las iba a pagar pero después todo quedó en la nada y a mí me cortaron el teléfono", recordó.
La mujer explicó que el Pata "no tenía horarios" para ir a su casa y que nunca supo como se movilizaba: "Como yo vivo en el pasillo de una villa -Ayacucho al 4100- nunca supe si venía en remís o en ómnibus y tampoco como se iba", dijo con seguridad. Durante el tiempo que estaba con ella, y aún cuando no estaba, el Pata "recibía permanentemente llamados de hombres o mujeres que preguntaban por él o hacía muchos llamados. Como era muy violento nunca le pregunté a quien llamaba o quien lo llamaba. Muchas veces, después de esos llamados, me decía que se tenía que ir rápido y se iba", contó Méndez.
Entre esos llamados, que el fiscal Warr desmenuzó a partir de una planilla de la empresa telefónica, hay algunos hechos desde y hacia la casa de la imputada Angélica Beatriz Vilches, otros tantos al domicilio de Norma Graciela Ojeda (la ex pareja de Martín Saldaña, el asaltante que murió ahorcado en la comisaría de Villa Ramallo horas después de la tragedia), y al menos dos llamados desde la casa del cabo Aldo Cabral en San Nicolás. Sin embargo, la mujer dijo no conocer a ninguno de los imputados.
Estos últimos llamados, efectuados el 4 y el 9 de septiembre de 1999, comprometerían la situación del policía imputado (a quien también le atribuyen haber suministrado a la banda un handy con frecuencia policial y un presunto croquis del banco asaltado). Claro que en la jornada del 9 de agosto, cuando Cabral testimonió ante el tribunal ya había advertido de esta posible incriminación.
El policía acusado dijo entonces que el 9 de septiembre había estado en la casa de su segunda mujer, Ester Beatriz Volder, en la localidad de Ramallo y que recordaba esa fecha porque era el cumpleaños del primer esposo de la mujer. Durante su presencia, recordó Cabral, el hombre la llamó por teléfono para recriminarle que los hijos comunes no lo habían llamado para saludarlo. Además, el cabo manifestó que cuando se ausentaba de su casa le dejaba la llave a un vecino (Sergio Romero) para que se la cuidase y que bien podría haber usado su teléfono.
Así las cosas, Cabral deberá esperar la evaluación que el tribunal haga de todos estos dichos para saber de su suerte aunque al finalizar la audiencia de ayer, algunos voceros confiaron que su situación se había complicado bastante a partir de estos dos llamados telefónicos.
Reconocimientos en duda
En otro orden, durante la jornada de ayer volvieron a ponerse en duda las tareas investigativas llevadas adelante por la Prefectura Naval tendientes a desmembrar a la banda. Lo que estuvo sobre el tapete fue el reconocimiento fotográfico que en el marco de la pesquisa se hizo de dos de los imputados: Raúl Oscar Mendoza y Aldo Cabral.
Por el primero de los casos, el tribunal accedió a un pedido del defensor oficial Osvaldo Gandolfo de que se cite para ampliar declaración al jefe de Investigaciones de Prefectura, Guillermo Rodríguez, con el fin de aclarar de que modo fueron tomadas las fotos de su defendido que luego fueron sometidas a reconocimiento.
Según el defensor, Prefectura sostuvo que siempre que en los reconocimientos se manejó con los albumes de foto que les proveyó el juzgado. Sin embargo, la foto que compromete a Mendoza fue tomada de modo irregular cuando arribó a la vivienda que compartía con la imputada Mónica Saldaña y se encontró con el despliegue del allanamiento. Entonces no lo dejaron ingresar, se quedó en la puerta y los efectivos tomaron fotos "a todos los que estaban merodeando por allí", según declaró oportunamente Rodríguez.
A su vez, los defensores del policía Aldo Cabral y de Alberto Aguirre (Miguel Romano y Carlos Varela respectivamente) solicitaron al tribunal que se les permita observar el mismo álbum para corroborar las indicaciones de los testigos sobre las tomas mediante las cuales reconocieron a los imputados.
La medida de los defensores apunta a aclarar si hubo irregularidades en los reconocimientos, ya que si las hubiera podrían solicitar su nulidad y así despojarse de las supuestas pruebas contra sus clientes.
La Ciudad
