Jorge Salum / La Capital
Una jueza provincial remitió a la Justicia federal una causa en la que debe investigarse la presunta responsabilidad penal de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad en la muerte de dos personas cuando el auto donde viajaban se despistó a raíz del estado de abandono de la avenida de Circunvalación. La investigación se realiza por impulso de los fiscales rosarinos María Eugenia Iribarren y José María Peña, quienes acusan de negligentes a los funcionarios encargados del mantenimiento y la señalización de esa arteria.
El caso se originó el 7 de abril pasado, cuando un Ford Taunus cayó en un bache unos 200 metros al norte del cruce de Circunvalación con Juan Domingo Perón. A raíz de ese incidente el vehículo se despistó y terminó estrellado contra una columna del alumbrado público. El saldo fue tremendo: dos ocupantes del auto murieron y los otros dos resultaron gravemente heridos.
En el expediente ya está probado que el accidente no ocurrió por conducción peligrosa ni por un desperfecto mecánico, sino por las pésimas condiciones de la calzada y la falta de señalización adecuada para orientar a los conductores acerca de los peligros que acechan en ese recorrido.
La jueza correccional Graciela Sedda comenzó a investigar el caso como un homicidio culposo atribuido al chofer del auto, que no murió en el acto sino unas horas después, pero archivó el expediente al considerar que con ese deceso ya no había responsables. Sin embargo, la fiscal Iribarren apeló la decisión y su posición fue avalada luego por Peña ante la Cámara Penal. Finalmente, Sedda decidió enviar la causa a un juez federal porque el mantenimiento de Circunvalación está a cargo de Vialidad Nacional, que es un organismo federal y no provincial.
En aquel momento Sedda justificó el archivo de la causa con el argumento de que la fiscal Iribarren intentaba una "caza de brujas" de funcionarios, pero Peña sostuvo que lo que se reclama en este caso es investigar si hubo algún tipo de negligencia culposa, ya que en el tramo donde ocurrió el accidente la calzada de la avenida está en pésimo estado y el bache que desencadenó la tragedia no estaba señalizado.
Tanto Iribarren como Peña sostienen que si efectivamente hubo negligencia, los responsables deberían ser sometidos a un proceso penal por no haber velado por la seguridad de los automovilistas. "Este accidente fue consecuencia directa del mal estado de conservación de la avenida", dijo Peña, y pidió que se establezca si esto fue así por "fuerza mayor" o más bien producto de la displicencia de algún funcionario.
Como la Cámara Penal habilitó abrir la investigación, a la jueza Sedda no le quedó otra opción que mantener abierto el caso. Pero como existe un convenio entre la Municipalidad y Vialidad Nacional por el cual este organismo se hace cargo del mantenimiento de la avenida, corresponde a un juez federal llevar adelante las pesquisas.
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La Ciudad
