La tenue estabilidad que había alcanzado la economía en los últimos meses amenaza con estallar debido al ruido político y el boicot del Fondo Monetario Internacional. Mientras el presidente Eduardo Duhalde aseguró ayer que se buscarán los fondos para restituir el 13% del sueldo recortado a empleados y jubilados del sector público, en el Palacio de Hacienda temen que se deteriore la situación fiscal si se sigue demorando el acuerdo con el FMI. Economía difundirá recién hoy el documento que le envió el organismo como respuesta a la carta de intención, en el cual se insiste con frenar "definitivamente" el goteo del corralito, limitar la operatoria de los bancos oficiales y extender la reprogramación de los depósitos.
Con todos estos frentes abiertos, funcionarios del Palacio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo se reunieron ayer para analizar cómo se pagará el 13% que fue descontado a empleados públicos y jubilados en virtud de una medida que había adoptado Fernando de la Rúa. Luego del fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de esa poda, se abrió una pelea entre la titular de la cartera laboral, Graciela Camaño y el jefe de Economía, Roberto Lavagna, sobre cómo afrontar la restitución de estos fondos. Mientras la primera quiere empezar a pagar en octubre a los jubilados de menores ingresos, el segundo insiste que el cronograma debería comenzar a regir en enero.
El presidente Eduardo Duhalde, quien ayer se reunió con gobernadores del noroeste para firmar un convenio sobre obras públicas, aseguró que el 13% se va a pagar. "Cómo vamos a hacerlo no sé, porque no tenemos la plata pero el ministro Lavagna está viendo de qué forma podemos hacer frente a esta obligación".
Los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo lograron consensuar los números del gasto que significará la restitución. Esto es unos 2.600 millones de pesos al año.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, aclaró que todavía no hay definición sobre las fuentes de financiamiento para hacer frente a esta erogación y se limitó a señalar que "en uno o dos días se reunirá el poder político y resolverá".
A pesar de que el ministro de Economía aseguró que no piensa modificar las pautas de superávit primario para el año 2002, la nueva erogación pone en tela de juicio las proyecciones fiscales para el 2003, que fueron documentadas en la carta de intención que envió al Fondo. Por lo pronto, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de aumentos impositivos para hacer frente a los nuevos gastos.
En lo inmediato, la gente de Hacienda está preocupada por los compromisos asumidos con las provincias, sobre todo en las transferencias de fondos prometidas para cumplir con la reducción del déficit fiscal en los distritos del interior. "En agosto esa compensación se cubrió con parte de las ganancias logradas por el Central pero en septiembre estaremos muy ajustados", reconoció un vocero del gobierno, quien aseguró que el conflicto se generará a partir de octubre si no hay acuerdo con el FMI.
El Ministerio de Economía tuvo el lunes la primera respuesta verbal a la carta de intención que envío a Washington. El FMI volvió a patear los tiempos del acuerdo y sólo se comprometió a postergar el vencimiento de 2.700 millones de dólares que Argentina debe enfrentar en septiembre y a autorizar al BID a liberar un crédito de 200 millones de dólares.
En el Palacio de Hacienda ya estaría el documento formal con las respuestas a la carta de intención enviada por Lavagna, en la cual se endurecen las exigencias.
Según adelantó un vocero de Economía, el informe insiste con el reclamo de una "solución definitiva" al goteo del corralito, la exigencia de que se limite la operatoria de la banca pública y la advertencia de que "se mantengan las reglas acordadas" con el sector financiero, en alusión al paquete de leyes que se tramitan en el Parlamento y que son cuestionadas por los bancos. Además está pidiendo una extensión de la reprogramación de depósitos.
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La Ciudad
