Hernán Maglione / La Capital
"La atmósfera política estuvo considerablemente agitada esta semana por los rumores en torno a la investigación de los asesinatos de Pereira Rossi y Cambiaso. Existe la amplia presunción de que lo que parece haber sido una ejecución no habría ocurrido si no hubiesen existido órdenes de la cúpula militar". El 14 de mayo de 1983, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi fueron vistos con vida por última vez en un bar de Córdoba y Ovidio Lagos. El parte del Ministerio de Interior de la Nación y la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, difundido tres días después, afirmaba que habían sido "abatidos en un enfrentamiento" con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. Pero la embajada estadounidense en Buenos Aires tampoco creía en la historia oficial. Prueba de ello son los documentos que desclasificó Estados Unidos referidos a violaciones a los derechos humanos y la violencia política en Argentina entre 1975 y 1984. Apenas una parte de la cruda historia que recrean los 4.677 documentos revive el capítulo rosarino de la represión.
Los organismos de derechos humanos estiman que la documentación permitirá el avance de causas en curso, la apertura de nuevos procesos y el esclarecimiento de hechos que permanecen en la oscuridad, aunque todavía quedan por delante meses de investigación. Los nombres y los hechos que allí se relatan no hacen más que corroborar las sospechas y certezas acerca del accionar militar durante la última dictadura, pero conllevan un valor agregado: llegan de manos del Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Entre miles de testimonios de sobrevivientes, informes de organismos de derechos humanos y evaluaciones de la embajada de Estados Unidos (siempre con los nombres de los informantes tachados), aparece un caso recurrente: la desaparición en Rosario de Cambiaso y Pereira Rossi, ya con el gobierno militar debilitado y en plena retirada luego de interminables años de excesos.
En un documento enviado a Washington en mayo de 1983, la embajada describe a Cambiaso como un militante peronista de izquierda y a Justo Javier Correa (más tarde identificado como Pereira Rossi) como líder montonero. Los informantes estadounidenses reproducen los testimonios de testigos que aseguraron que un grupo de civiles fuertemente armados ingresaron al bar Magnum en la madrugada del 14 de mayo. Cambiaso y Pereira Rossi no volvieron a aparecer con vida.
Los archivos originales, en su gran mayoría en inglés, incursionan en notorios errores ortográficos y de tipeo. Pero no quedan dudas cuando aparece el apellido "Pati" sindicado como uno de los responsables de la operación. Años después, el ex comisario Luis Abelardo Patti sería sobreseído por la Justicia, luego de las denuncias que pesaban en su contra por este caso.
Los telegramas que la embajada remitió al Departamento de Estado se limitan a reiterar las acusaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): "Fue un claro caso de asesinato realizado por grupos parapoliciales o paramilitares", habían afirmado en una conferencia de prensa realizada junto a "un líder del partido peronista, Vicente Saadi".
Otro documento refleja el contenido del comunicado oficial, consignando que Cambiaso y Pereira Rossi usaron una 9 milímetros y una pistola calibre 38 en un enfrentamiento con la policía que habría ocurrido en Lima, provincia de Buenos Aires. En junio del 83, los informantes apenas si exhiben anuncios sobre el avance de las investigaciones paralelas de los jueces Juan Marchetti y Jorge Eldo Juárez, cada uno en su correspondiente jurisdicción. "Marchetti ordenó la reconstrucción de los hechos después de estudiar una segunda autopsia de los cuerpos. La nueva autopsia indica que Cambiaso fue baleado desde corta distancia y Pereira recibió shocks eléctricos. La primera autopsia, realizada por policías forenses, inexplicablemente omite estos descubrimientos", destacan.
"Existe la amplia presunción de que lo que parece haber sido una ejecución no habría ocurrido sin órdenes de la cúpula militar. Ya circulan rumores sobre la posibilidad de un alejamiento de Bignone", advierten desde la embajada en Buenos Aires, para añadir que "la Junta insistiría en remover el caso de la jurisdicción de Marchetti y pasar el caso a una corte militar. Según entendemos, esto sólo podría hacerse produciendo evidencia que pruebe que los policías actuaron bajo órdenes militares".
Si bien puede encontrarse abundante información sobre el caso, aparecen otros sucesos ocurridos en Rosario. Un informe que el Centro de Estudios Legales y Sociales envió a Estados Unidos consigna el secuestro en agosto del mismo año de Rubén Domínguez, del Partido Comunista, liberado luego de seis horas tras recibir una golpiza. También se refiere a las amenazas de muerte que recibieron muchos de los involucrados en el caso Cambiaso-Pereira Rossi. Además, un documento fechado en marzo de 1983 menciona la denuncia que Madres de Plaza de Mayo realizaron en Madrid por la desaparición de "una chica de Rosario", pero no aporta mayores detalles.
Una comunicación de octubre de 1984 destaca que "miembros del ala derechista del peronismo continúan cultivando lazos con militares" y, entre los nombres más mencionados por sus informantes, aparecen el ex candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias y "el peronista conservador Luis Sobrino Aranda", entonces un personaje de la política santafesina.
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