El diputado provincial Miguel Basaldella (UCR) le solicitó al gobierno santafesino que gestione ante las autoridades nacionales una prórroga de la suspensión de las ejecuciones judiciales mientras se mantenga la emergencia económica y social del país. También requirió que se aplique un índice de cálculo diferencial respecto de los pasivos de las pequeñas y medianas empresas, incluidas las rurales, que mantengan deudas con el sistema financiero y con empresas de servicios públicos. El legislador cree que hay 120 mil ejecuciones potenciales en la provincia. Y dejó en claro que con esta iniciativa no se están priorizando los derechos de los deudores en detrimento de los acreedores, ni tampoco el deber de honrar las deudas. Quiere que se priorice una "salida justa y gradual" a la crisis "terminal" que se está viviendo en Argentina.
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La Ciudad
