Roma. - Con los votos de los senadores de la oficialista coalición de centroderecha, el Senado italiano aprobó anoche, una polémica ley que, de ser sancionada, beneficiaría directamente al primer ministro de ese país, Silvio Berlusconi. La ley aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo de todos modos también cuenta con la mayoría de las bancas y que recién volverá a sesionar en septiembre, luego del receso de verano.
Según el proyecto legislativo, los procesos judiciales podrán tener lugar en una ciudad diferente si el acusado manifiesta dudas sobre la imparcialidad del tribunal asignado al caso. La ley también podría ser aplicada retroactivamente a procesos iniciados antes de su aprobación. Berlusconi y su estrecho colaborador Cesare Previti están acusados en Milán de sobornar a un juez para obtener la adjudicación de una empresa estatal privatizada. Sus abogados defensores han solicitado infructuosamente que el proceso sea trasladado a una corte de Brescia, unos 80 kilómetros al este de Milán.
La oposición se fue
En señal de protesta contra la sanción de la ley, la oposición cerró filas casi con unanimidad y no participó de la votación, al tiempo que afuera del edificio del Senado manifestantes contrarios a Berlusconi se expresaban en contra de la legislación, que podría demorar un proceso de corrupción contra el primer ministro.
En medio de un inflamado debate, los argumentos a favor y en contra de la ley por parte de los representantes de la coalición de centroderecha de Berlusconi y la oposición de centroizquierda fueron frecuentemente interrumpidos por gritos y abucheos. Previamente, los partidos gobernantes habían logrado que el Senado debatiera la ley, pese a la resistencia de la oposición y a pesar de que el proyecto ingresó al Senado sin ser aprobado por la comisión de Justicia de la Cámara.
Los políticos de oposición consideran que estas nuevas normativas legales implican una violación del Estado de derecho, mientras que portavoces de la coalición de Berlusconi argumentan que se trata de un fortalecimiento del derecho constitucional que beneficiaría a todos los ciudadanos por igual.
El año pasado ya se habían registrado intensas protestas contra una ley según la cual la falsificación de balances ya no es punible. Berlusconi también había sido acusado previamente de falsificación de balances. (DPA)
La Ciudad
