Una entidad civil, presidida por un juez, reclamó la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal para "proteger la salud de los adictos". Según la Asociación de Reducción de Daños, una entidad cuyo presidente honorario es el camarista Martín Vázquez Acuña, sostuvo que la ley actual, que penaliza el consumo, convierte a los adictos en "delincuentes", los "margina y los obliga a estar en la clandestinidad". El propio magistrado se encargó de decir que la Organización de Naciones Unidas para el Sida (Onusida) comparte igual criterio con la entidad. La institución está presidida en forma efectiva por la rosarina Silvia Ynchaurraga del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la UNR. Según se indicó, "no se necesita demasiada sagacidad para advertir el fracaso de la ley que penaliza la tenencia para consumo", que tiene una década de vigencia. Vázquez Acuña es presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Uno y también integra organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la lucha contra la drogadependencia y el sida. Para la entidad que preside en forma honoraria, la ley 23.737 -que castiga la tenencia de estupefacientes para uso personal- convierte al usuario de drogas en un delincuente, haciendo muy difícil cualquier intervención en materia de asistencia y prevención. "La respuesta penal condiciona el contacto del drogadependiente con las instituciones sanitarias ante la posibilidad de ser detenidos", lo que agrava el cuadro de los enfermos y profundiza la marginalidad y los riesgos de incurrir en actividades delictivas. La penalización de los drogadictos "es responsable de gran parte de los daños sociales relacionados directa o indirectamente con el consumo", sostiene un documento difundido ayer. Sobre esos parámetros, la asociación evaluó que la ley "fracasó" en su intención de preservar "el bien jurídico que busca proteger la salud pública". La entidad, compuesta por representantes de ámbitos científicos y jurídicos de todo el país, estimó que el adicto se ve "privado de la acción terapéutica que pudiera necesitar con relación al consumo y la atención que urgen otras patologías", entre ellas la hepatitis, el virus HIV, el cáncer y distintos tipos de embolias. Penalizar la tenencia para consumo implica para los drogadictos "poner en peligro su integridad física y en situación de ser objeto de coacciones o extorsiones", ya que su condición "le impedirá conseguir trabajo en un país donde la desocupación orilla el 20 por ciento". Pero Vázquez Acuña aclaró que a través de la asociación "no se busca apoyar el consumo de drogas, sino reducir los daños que éstas producen en el plano social, criminológico y de salud". Sobre estas cuestiones, el comisionado de asistencia de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, Camilo Verruno, manifestó que la prioridad del gobierno "es mejorar la calidad de los programas de asistencia a los personas dependientes, abusadoras y policonsumidoras". Verruno consideró además que la despenalización "aún no es para la Argentina, la sociedad aun no está preparada para esto" y agregó que "hay que continuar mejorando las condiciones para los programas de abstinencia y abordarlos sin prejuicios, sin temores y con responsabilidad". (DyN)
| Para el gobierno, el argentino todavía no está preparado. | | Ampliar Foto | | |
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