La suba de tarifas de los servicios públicos será discutida en el ámbito de audiencias públicas, según lo ratificó ayer el gobierno. Las rondas tendrán lugar en el transcurso de agosto, por lo que una resolución sobre esos cuadros tarifarios deberá esperar hasta fines de ése mes. Voceros de Hacienda consultados admitieron que ése es el criterio que se seguirá para resolver la cuestión, sobre la que Economía ya realizó una evaluación y promueve un ajuste diferencial de las tarifas según categorías de usuarios y niveles de consumo.
El jefe de Gabinete Alfredo Atanasof aseguró la convocatoria a audiencias públicas para definir las subas, mientras que el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, y varias asociaciones de consumidores y usuarios advirtieron que impugnarán cualquier decisión que no se enmarque en la ley de emergencia económica, que prevé también la renegociación de los contratos.
Atanasof se reunió con el ombudsman y aseguró que el gobierno coincide con el reclamo del funcionario."Le expliqué a Mondino la posición del gobierno, en el sentido de que hay que cumplir con los pasos establecidos en la ley", para una eventual modificación de tarifas y explicó que la cartera considera la posibilidad de no aplicar aumentos en las tarifas a usuarios crenciados.
Al ser consultado sobre la efectividad de las audiencias públicas, teniendo en cuenta que en anteriores ocasiones hubo aumentos tarifarios pese a la realización del mecanismo de consulta, el representante de las asociaciones en la comisión, Ariel Kaplan, dijo que "una audiencia requiere de propuestas y todavía no está claro si hay propuestas".
Atanasof ratificó que esos ajustes deben pasar por el tamiz del Congreso de la Nación y de las referidas audiencias públicas. El gobierno "va a defender el bolsillo de los consumidores y al mismo tiempo va a tratar de que no se resientan los servicios y que no haya dificultades en cuanto al empleo de los trabajadores", aseguró Atanasof.
Si no suben volvemos a los apagones
En tanto, el secretario de Industria, Carlos Leone, aseguró que "si las tarifas no suben, volvemos a los apagones o cortes de gas". El secretario aseguró que "las tarifas tienen que sufrir un aumento, porque de lo contrario en el largo plazo no habrá fondos para las inversiones que permiten atender el aumento natural del consumo".
Con el dictado de la ley de emergencia 25.561 las tarifas de estos servicios públicos resultaron pesificadas y sin posibilidad de ajuste por índice de precios, ni ninguna otra fórmula indexatoria.
No obstante, para el caso de las tarifas del gas y de la electricidad el gobierno les reconoció la vigencia de ajustes semestrales por razones estacionales, también contempladas en los contratos.
Pero las empresas licenciatarias acusaron problemas económicos y financieros, y advirtieron sobre la necesidad de una actualización de sus tarifas para seguir operando los servicios sin afecta la calidad del suministro.
La Ciudad
