La suba de las tarifas de servicios públicos rondará el 8 por ciento en promedio y no alcanzará cifras superiores como se especula en el mercado, según aseguraron ayer fuentes de la Secretaría de Energía, que aclararon, sin embargo, que su aplicación se verá demorada por la realización de audiencias públicas para discutir los incrementos y por el respectivo trámite parlamentario, aunque no se especificó cuando podrían comenzar a regir.
En un contexto signado por los numerosos rechazos al aumento y las presiones de las empresa privatizadas que exigen una recomposición tarifaria, el gobierno nacional salió ayer a primera hora a bajarle el perfil a la polémica que se desató anteayer cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, dio la noticia de que a partir de agosto el gas y la luz subirán de precio como consecuencia de la devaluación y "para evitar el corte de suministros".
En el propio seno del gobierno no tardaron en aparecer las diferencias. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sin desmentir puntualmente al ministro, declaró ayer que el gobierno "no autorizó ningún aumento en las tarifas" y señaló que el proceso de negociación con las empresas prestadoras de esos servicios debe cumplir aún "algunas etapas". También el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que la autorización para un aumento debe seguir los "pasos institucionales" como son las audiencias públicas y la consideración del Congreso.
En tanto, en el Senado y también en Diputados ya empezó a instalarse la discusión, la que promete detonar la próxima semana. En el caso de los senadores, aunque ni el justicialismo ni el radicalismo definieron hasta ahora estrategias sobre el tema, fuentes consultadas señalaron que el debate central se dará en el marco de la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las privatizaciones, aún no conformada.
El presidente del bloque de diputados justicialistas, Humberto Roggero, pidió al gobierno a través de un proyecto presentado ayer, que no avale ningún aumento y recordó que la ley de emergencia económica sancionada hace siete meses prohíbe cualquier indexación de servicios públicos.
Atanasof citó a representantes de ambas cámaras para el martes próximo, con el objetivo de discutir el tema.
Paso a paso
Desde el Ministerio de Economía se indicó ayer que el incremento en las tarifas de los servicios públicos sólo comprenderá, en una primera etapa, a los suministros de agua y electricidad y que el porcentaje de suba será "claramente inferior a los dos dígitos".
Una fuente de la Secretaría de Energía, que pidió reserva, señaló que Lavagna "no quiere aumentos de más de un dígito, y evalúan que el 8 por ciento es un buen número", un dato que comparten voceros del Palacio de Hacienda.
Por su parte, el vocero de Economía agregó que "aún no está resuelto definitivamente el porcentaje de aumento, porque se está consultando a todos los sectores y no se descarta la posibilidad de convocar audiencias públicas".
En ese sentido, desmintió que en esta primera etapa aumenten todos los servicios y "sólo lo harán, como lo dijo el ministro (Lavagna) las tarifas de luz y agua y (las subas) y con incrementos claramente inferiores a los dos dígitos, aunque todavía no se resolvió ni el porcentaje, ni la fecha de aplicación".
El promedio estimado de 8 por ciento surge de un esquema que carga los mayores incrementos en la industria y grandes clientes (alrededor de un 20-25 por ciento) y que parte de cero para los usuarios residenciales de menores recursos.
El miércoles, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los aumentos serán menores a los solicitados por las empresas, y que empezarían a regir el 1 de agosto.
La fuente de Energía indicó que Lavagna, "tampoco quiere una recomposición tarifaria escalonada hasta el 2003", y dijo que también rechazó la que acortaba ese horizonte a diciembre de 2002, como habría sugerido la Comisión de Renegociación de contratos, tras analizar las propuestas que oportunamente le elevaron las privatizadas.
Fue una respuesta a las declaraciones del titular de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), Oscar Vicente, quien estimó que la recomposición tarifaria que reclaman las empresas "sólo podría darse en forma escalonada" y le fijó un "plazo de un año".
Sin embargo, en el Palacio de Hacienda no se habla de escalonamientos, sino de aumentos, pero sin otras precisiones, que se aplicarán empezando por las empresas de energía eléctrica y agua; para más adelante quedarán gas, teléfonos y peajes.
En el caso de los transportes, los boletos se mantendrán sin cambios porque las empresas de colectivos, subterráneos y trenes ya están cobrando -desde mayo- una "compensación" que en la Secretaría de Transporte aclaran se trata de "un subsidio al pasajero y no a las empresas".
Ayer también quedó confirmado oficialmente que no habrá ajustes sin la realización previa de audiencias públicas y/o la aprobación del Congreso Nacional.
La Fundación Poder Ciudadano ya recurrió a la Justicia para que ordene al gobierno convocar a una audiencia pública antes de modificar los contratos entre prestadores y usuarios.
Con anterioridad, el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, había advertido que de no realizarse las correspondientes audiencias interpondría recursos de amparo ante la Justicia.
Se suman los rechazos
En las últimas horas se fueron sumando voces en contra del incremento tarifario. El presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, pidió a Mondino que intervenga ante los organismos competentes para dejar sin efecto los aumentos que (estimó que no bajarán del 20 por ciento) aplicarían a las tarifas de luz, gas, agua y teléfono, y que afectarán especialmente a comerciantes minoristas.
El diputado Héctor Polino subió la apuesta y presentó también ayer un pedido de interpelación al ministro Lavagna por los anuncios de aumentos de tarifas de servicios públicos.
Por su parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, envió en horas de la tarde una carta documento al ministro Lavagna para que se "convoque de inmediato a una audiencia pública, a fin de evitar trámites judiciales innecesarios".
Los que tampoco aceptan el aumento son los bloques del radicalismo y el Frepaso que pidieron al gobierno que se abstenga de aplicar el incremento de tarifas, basándose en el procedimiento establecido en la ley de emergencia económica.
La Ciudad
