Dudas sobre la convocatoria a elecciones

El decreto de convocatoria a elecciones generales fijará un nuevo período presidencial entre el 2003 y 2007, dando implícitamente por terminado el mandato de Fernando de la Rúa e intentado cerrar las puertas a la necesidad de poner en práctica la ley de acefalía.
La norma que el presidente Eduardo Duhalde firmará en los próximos para fijar el llamado a comicios para elegir a su sucesor el 30 de marzo del 2003 podría, sin embargo, generar conflictos jurídicos, según admitió un importante funcionario gubernamental.
El gobierno argumentará la decisión de convocar a elecciones presidenciales anticipadas mediante un decreto que se apoyará en el artículo 88 de la Constitución nacional, que establece que un presidente de transición dura hasta tanto haya un nuevo gobernante electo.
En el decreto, Duhalde presentará su renuncia indeclinable ante la Asamblea Legislativa a partir del 25 de mayo del 2003, día previsto para el traspaso del mando, por lo cual el cuerpo deliberativo deberá reunirse para aceptar la dimisión y tomar juramento al nuevo jefe del Estado surgido de las urnas.
En tanto, el gobierno reconoció que todavía están pendientes de resolución las limitaciones que podrían aplicarse para posibles alianzas electorales posteriores a los comicios internos partidarios, previstos para el próximo 24 de noviembre.
El conflicto reside en la brecha existente entre el plazo de 120 días fijado entre las elecciones internas de noviembre y las generales de marzo y el período para anotar alianzas electorales, que la legislación actual establece en 60 días anteriores a la celebración de los comicios.
El lapso que queda en el medio podría permitir que se formen alianzas electorales entre, por ejemplo, un candidato que perdió en la interna de su fuerza y otro postulante de lista única que no tuvo que someterse a elecciones partidarias.
"El tema no se previó, es todavía un claroscuro", admitió un importante funcionario de la Casa Rosada, quien recordó que el Código Electoral fija plazos para la inscripción de alianzas pero no especifica entre quiénes podrán concretarse. Una posible solución, según especulan en el gobierno, podría ser que la Justicia electoral únicamente acepte inscribir fórmulas compuestas por quienes participaron de elecciones internas y salieron primeros.