Washington. - Los interrogantes sobre los negocios del presidente estadounidense George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney durante la década pasada envenenan un ambiente político ya enrarecido por la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre. Un grupo conservador que se fijó el objetivo de limpiar de corrupción al gobierno anunció el miércoles que presentó una querella judicial contra Cheney en base a presuntas manipulaciones contables en la empresa texana de servicios petroleros Halliburton cuando era su presidente, entre 1995 y 2000.
"Hay personas inocentes que han sido afectadas, gente común. Es la gente a la que representamos", declaró el presidente de Judicial Watch, Larry Klayman, en Miami. La organización centra su denuncia en maniobras para inflar el valor de las acciones de Halliburton. "Cheney está demandado como partícipe directo, cómplice y conspirador en actos fraudulentos, omisiones y artificios contables", detalló la querellante.
"No pensamos que estas demandas sean fundadas", replicó por su parte la portavoz de Cheney, Jennifer Millerwise. Halliburton rechazó categóricamente las acusaciones de irregularidades contables de Judicial Watch, afirmando que son "falsas, sin fundamento". Pero Halliburton reconoció el 29 de mayo que la Comisión de Operaciones Bursátiles (SEC) inició una investigación sobre sus prácticas contables.
Esta demanda contra Cheney se suma a la atención que recibe Bush por su pasado de administrador de Harken Energy Corporation, otra petrolera texana. Los ataques se concentran en la venta por parte de Bush de acciones personales de la empresa en junio de 1990, unas semanas antes de que la empresa anunciara pérdidas de 23 millones de dólares, lo que provocó una fuerte caída del título. Lo que se llama abuso de información privilegiada.
También se apunta a las prácticas contables de la empresa, en particular la venta de una filial que había permitido reducir el déficit de Harken a través de un préstamo acordado por la propia Harken a los compradores. Y el viernes se supo que el propio Bush recibió un préstamo de Harken, de la que era alto directivo, entre 1986 y 1988 a tasas ventajosas para adquirir acciones de la firma.
Este género de prácticas estaba precisamente en el núcleo del discurso de Bush el pasado martes en Wall Street, en el cual se comprometió a perseguir y castigar más severamente a los empresarios deshonestos para intentar recuperar la confianza de los inversores estadounidenses, perdida tras una serie de escándalos.
"Mi gobierno hará todo lo posible para poner fin a la era del trucaje de las cuentas, del maquillaje de la verdad y de los incumplimientos de la ley", prometió el presidente, que pidió por una "nueva era de integridad en el mundo de los negocios de Estados Unidos".
Para Judicial Watch, conocida en Estados Unidos por sus múltiples acciones contra el ex presidente demócrata Bill Clinton, el discurso de Bush fue sólo una forma de distraer la atención. "Irónicamente, parecería que la celeridad del presidente para proponer más reglamentaciones al sector privado apunta a alejar la atención sobre sus propias prácticas y las del vicepresidente cuando eran empresarios", estimó Judicial Watch.
Bush calificó de ataques políticos el cuestionamiento sobre su pasado en Harken y subrayó que la SEC ya había investigado el caso en su momento, y que no se necesitaba ninguna nueva investigación. Pero aparentemente no fue convincente. "El presidente barre las críticas sobre su pasado afirmando que son ataques políticos. Pero si quiere restaurar la confianza en los medios empresariales, tiene que empezar por hacer su propia limpieza", escribió The New York Times.
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La Ciudad
