Generalizado rechazo a la suba de tarifas

Legisladores del PJ, el ombudsman y representantes de usuarios reclaman una audiencia pública

El bloque de diputados del justicialismo, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y representantes de los usuarios rechazaron ayer el aumento de las tarifas de los servicios públicos e instaron al Poder Ejecutivo a que el tema sea tratado por los canales institucionales, mientras que el gobierno negocia con una misión del Banco Mundial (BM) el tenor de estos incrementos a instrumentarse a partir de agosto.
Mondino recomendó ayer al Ministerio de Economía que "se abstenga de aprobar incrementos tarifarios sin que previamente se convoque a audiencias públicas".
En tanto los legisladores del PJ sostuvieron que "cualquier incremento de tarifas impactará en los bolsillos de la población y generará un efecto inflacionario no deseado", en un comunicado en el que por primera vez marcan diferencias con el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna.
Ayer se supo que el Ministerio de Economía autorizará a que las empresas de servicios públicos aumenten a partir de agosto sus tarifas de manera escalonada y ahora está discutiendo el esquema de estos incrementos con la misión del BM, que presiona al gobierno para que se concrete el ajuste por ser el principal acreedor de las concesionarias.
La bancada peronista en pleno reaccionó ayer ante la pretensión del ministro Lavagna y al rechazar el inminente aumento consideraron "imprescindible" el debate de la política tarifaria en el Congreso "teniendo en cuenta el efecto que produjeron en la población las medidas económicas adoptadas en los últimos tiempos" y el proceso de "acumulación de ganancias del que gozaron las empresas concesionarias de servicios públicos", pero además pidieron que se consulte a las organizaciones de consumidores a través del sistema de audiencias públicas.
En la misma línea, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, recomendó a que los aumentos tarifarios se discutan en audiencias públicas por ser el "mecanismo idóneo de formación de consensos y porque garantiza la transparencia de los procedimientos estatales respecto de las concesiones".
El ombudsman aclaró que esta "recomendación" al Ejecutivo es previa a una acción mayor que sería la de acudir a la Justicia para garantizar el derecho de los usuarios.
"En general lo que se conoce como servicios públicos es contradictorio y confuso y algunos de estos servicios, insistentemente cuestionados, reciben subsidios por mayores costos, como en el caso de los trenes del área metropolitana y el autotransporte de pasajeros", dijo Mondino.
También la presidente de Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja, reclamó la convocatoria a audiencias públicas para discutir los aumentos y recordó que la ley de Emergencia Económica establece la creación de una comisión para negociar procedimientos y plazos de renegociación de contratos, que incluye la actualización tarifaria.
Según la ley, la comisión debe presentar un estudio, efectuado luego de un análisis, "en el que no participamos porque las empresas nos niegan información sobre su estructura de costos, y que nos llevó a una presentación en la Justicia que falló a favor nuestro", precisó.
La normativa establece que el estudio que elabore la comisión, compuesta por representantes el gobierno, de las organizaciones de usuarios y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, deberá ser sometido a consideración del Congreso y plasmado en una ley, previo tratamiento de las comisiones bicamerales correspondientes, y sin perjuicio de la convocatoria a audiencias públicas, según explicó la dirigente.
"Hace un mes, ante el rumor de ajustes tarifarios fuimos a ver la ministro (Lavagna), que se comprometió a que no iba a haber incrementos decididos por fuera de la comisión, así que si saca este aumento no sólo no está cumpliendo con su palabra sino tampoco con los procedimientos legales", sostuvo.