Gabriela Zinna / La Capital
Una auditoría del Pami nacional realizada a los prestadores privados locales y del sur provincial arrojó resultados lapidarios: el 40% de los médicos de cabecera no prescribe medicamentos en recetarios de la obra social; el 60% de los estudios, análisis y radiografías se entregan tarde; la mitad de los pacientes tiene problemas para internarse; uno de cada diez médicos cobra plus a los jubilados; el 90% de las internaciones son por casos de urgencias; el 94% de los afiliados que necesitan tratamiento de kinesiología no lo reciben, y además se detectaron graves deficiencias a la hora de derivar a los enfermos a los especialistas.
Con estos datos en la mano, el interventor de la obra social, José Manuel Corchuelo Blasco, fustigó a los prestadores privados y pidió medidas contra los profesionales que no respetan la gratuidad de las prestaciones para los afiliados. De hecho, cinco de cada seis sanatorios no pone el cartel que advierte que la atención es gratuita.
El informe de la investigación, realizada en mayo, fue dado a conocer en detalle por el mismo Corchuelo Blasco a una veintena de empresarios de la salud del sur provincial.
En Rosario son aproximadamente 60 mil las personas que están siendo atendidas por la red privada. La unión transitoria de empresas ACE Rosario es la encargada de brindar los servicios médicos a los jubilados y está formada por los sanatorios Plaza, de la Mujer y Güemes.
"Los resultados de la auditoría muestran que los servicios son gravemente insatisfactorios", afirmó Corchuelo Blasco, y trascartón adelantó que se exigirá a las instituciones que "separen a los médicos de cabecera y especialistas que cobren plus a los jubilados, porque eso es un delito".
El funcionario indicó que según los relevamientos realizados por los auditores en los consultorios de los médicos de cabecera y los especialistas, se pudo advertir que en 8 de cada 80 consultas los afiliados deben pagar plus, es decir, el 10 por ciento.
En la misma sintonía se expresó el gerente de la Unidad de Gestión Local del Pami a nivel nacional, Alejandro Abella. "Un médico que cobra 20 pesos de plus es un ladrón de 20 pesos", sentenció, tras admitir que el Pami "está considerada la institución más corrupta del país". A renglón seguido advirtió: "Donde veamos un foco de corrupción lo vamos a partir al medio; lo vamos a destrozar".
Abella opinó ante los prestadores que "los servicios se brindan mal" a lo que Corchuelo Blasco añadió que "aquellos que no cumplan con los contratos serán denunciados penalmente por el delito de defraudación". También subrayó que serán debitados de los pagos los servicios incumplidos y reiteró que habrá sanciones y multas.
"Tiene que quedar en claro que no le voy a pagar ni un puto mango más a los que no respeten el convenio firmado en mayo", amenazó Corchuelo Blasco.
Como corolario del cuadro descripto, el interventor consideró que "hay un juego perverso entre el Pami y los prestadores que pasean a los afiliados desde los consultorios de los médicos de cabecera a la delegación y de allí los derivan a los especialistas, cuando los abuelos no tienen ni para el ómnibus" y remató diciendo que "eso es una hijaputez" (sic).
Corchuelo Blasco reveló el informe el jueves pasado, cuando visitó Rosario por segunda vez en menos de diez días. El funcionario se reunió con jubilados, representantes gremiales y hasta con el arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás.
El interventor hizo hincapié en que la obra social está pagando en forma quincenal a los prestadores y apuntó que fueron girados unos 140 mil pesos a los hospitales provinciales de distintas localidades. Es más, se comprometió a abonar otros 100 mil pesos antes de fin de mes a los efectores públicos.
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