El gobierno ratificó ayer que están en estudio aumentos en las tarifas de los servicios públicos privatizados, aunque todavía no está definida la fecha de anuncio de estos incrementos y lanzó así un debate sobre uno de los temas más polémicos que desató la devaluación. Desde el Palacio de Hacienda indicaron que el gobierno trabaja en ajustes graduales combinados con otras variables. "No hay nada resuelto y no está previsto que la Comisión Renegociadora de Contratos Públicos vaya a elevar hoy (por ayer) un informe al ministro de Economía, Roberto Lavagna, como indican algunos medios", detallaron fuentes de esa dependencia.
Por lo pronto, funcionarios de los entes reguladores y representantes de las empresas involucradas en la renegociación aseguraron ayer que "oficialmente no hay indicaciones, ni señales de porcentajes de posibles aumentos, ni tampoco quiénes serán los sectores beneficiados".
El jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, justificó un posible aumento de las tarifas de los servicios públicos en la necesidad de "proteger las fuentes de trabajo" y la viabilidad de las empresas privatizadas, como así "garantizar" el suministro del servicio a los consumidores.
El funcionario reconoció que "el gobierno está trabajando en la posibilidad de algún cuadro tarifario" en el ámbito del Ministerio de Economía, pero no quiso dar detalles al respecto.
Voceros de la cartera económica señalaron que el ministro Roberto Lavagna y su equipo están "imaginando un mecanismo gradual de ajustes de las tarifas combinado con una posible ampliación de los plazos de concesión, entre otras variables".
Sobre el posible aumento de tarifas, que podría alcanzar entre 2 y 10 por ciento según trascendió, Atanasof dijo que se trata "de un tema delicado y creo que tenemos que dejar pasar un poco estos meses tan duros, los meses del invierno".
Atanasof estimó que hay que lograr "un equilibrio muy delicado, entre el bolsillo de los consumidores y las empresas que tienen congeladas las tarifas y pagan insumos y créditos en dólares en el exterior y necesitamos que no despidan personal y sigan funcionando".
La proximidad de un acomodamiento de tarifas fue alentada también por el ministro Lavagna, quien había dicho que primero estaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como éste parece cercano, podría ahora llegar la recomposición de los ingresos de caja de esas empresas.
Por otra parte, un funcionario del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) confirmó ayer que el lunes, las transportistas y distribuidoras de gas natural por redes solicitaron un incremento de emergencia del orden del 15 por ciento para algunos clientes residenciales y de entre 30 y 40 para la industria.
El funcionario del ente adelantó que los análisis que se realizan, además de la suba del gas en boca de pozo para el período julio-agosto, incluirían un pedido de ajuste de tarifa para el transporte y para los márgenes de distribución.
El Ente busca evitar posibles problemas en la prestación y calidad del servicio, ya que estas empresas reguladas son las únicas -de esta industria- con tarifas congeladas y pesificadas desde el pasado 6 de enero.
En un acuerdo entre Atanasof y las productoras, el pasado 14 de junio, las petroleras se comprometieron a no aumentar el precio del gas para residenciales y el que utilizan las usinas generadoras de electricidad para clientes domiciliarios.
En el caso de las distribuidoras y transportistas de gas, cuya composición de clientes es mayoritariamente de residenciales, ese congelamiento sólo regiría para los de consumos mínimos (30 por ciento de los clientes), de acuerdo con la propuesta de las empresas.
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Un posible aumento de tarifas inquieta a los consumidores. (Foto: Enrique Rodríguez) |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
