Desolación, angustia e incertidumbre era lo que sobrevolaba en la fría mañana de ayer entre los operarios de la subsidiaria de Coca Cola, Embotelladora del Atlántico SA. Los ex operarios, los vendedores e incluso supervisores realizaron una protesta en la puerta de la planta, ubicada en Casilda al 7300, que quedó desactivada por decisión empresaria y a partir de ahora se convertirá exclusivamente en depósito. Hace tres semanas que la firma comenzó el proceso de cierre de la embotelladora de Rosario y hasta ayer al menos 170 personas fueron despedidas bajo la figura de retiro voluntario. Incluso, se prevé que finalmente serán unos 300 los trabajadores que quedarán sin empleo, de un total de 320. La bronca de los nuevos desocupados apuntó por igual a empresarios y dirigentes sindicales, a quienes acusan de haber acordado en las sombras los despidos.
Si bien cobrarán las indemnizaciones correspondientes los ex empleados de Coca Cola tienen en claro que el horizonte que enfrentan es por demás negro, ya que con altos índices de desocupación la reinserción laboral es sumamente complicada.
Los operarios que vivieron un tortuoso proceso de rumores y contrarrumores sobre el cierre de la planta embotelladora responsabilizaron a la la empresa por la situación que viven, pero no se olvidaron del gremio que los nuclea. "Entre los dos (por los empresarios y sindicalistas) nos mintieron y nos entregaron atados de pies y manos", se lamentó ayer Marcelo, de 42 años y cinco hijos, mientras sus compañeros asintieron.
"Nadie se ocupó de nosotros"
Algunos de sus pares fueron más allá y también apuntaron en contra del gobernador Carlos Alberto Reutemann y el intendente Hermes Binner, que no tomaron el conflicto en sus manos en defensa de la fuente laboral. "Nadie se ocupó de nosotros", se quejaron una y otra vez.
"Fuimos durante años los más eficientes y leales a la empresa, y ahora ni siquiera nos dijeron de frente qué pasaba", dijo Carlos García, uno de los delegados. Así, recordó que maquinistas, embotelladores y otros empleados calificados fueron enviados por la empresa a las plantas de Córdoba y Mendoza, para poner las líneas de producción en marcha.
Pero los operarios tienen su bronca especialmente puesta en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas y Gaseosas de Santa Fe (Sutiaga) cuyo secretario general es Alejandro Hidalgo. "Pedimos una reunión con el gremio y el propio Hidalgo nos dijo al principio que no permitirían los despidos, pero una semana después aparecieron en la fábrica con un convenio homologado en la Secretaría de Trabajo", denunció Hugo, otro ex operario.
Pero el pico más absurdo del papel que jugó el gremio se dio cuando en una asamblea del personal el dirigente Hidalgo envió a su hijo a debatir con los empleados. "No sabemos en calidad de qué vino. Estos sujetos se manejan como los dueños del sindicato", dispararon.
La Ciudad
