El Ministerio de Educación de la provincia exigió ayer que las autoridades del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús den marcha atrás con su determinación de expulsar a un chico de 14 años por dejar embarazada a su novia. El director de enseñanza privada, Guillermo Sáenz, se comunicó durante la mañana con el representante legal del colegio, el padre Juan Ríos, para manifestar su "intención de que el alumno permanezca en la escuela", y recibió a cambio un compromiso de rever la medida que, además, infringe una ley nacional sancionada hace dos meses. Ayer, en la salida del colegio los alumnos prefirieron no hablar del tema.
Sáenz optó por no dar vueltas: "No queremos hacer apología de la paternidad temprana, pero entendemos que la escuela tiene que hacerse cargo de este joven. Una expulsión no hace más que agravar la situación y, además, puede impulsar a los chicos a tomar otras medidas que desde el punto de vista cristiano son infinitamente más deplorables".
Palabras más, palabras menos, esto fue lo que el funcionario le dijo ayer al representante legal del colegio. Es que, para Sáenz la necesidad de que el alumno que cursa el 9º año de la EGB permanezca en la escuela a la que concurre desde el jardín de infantes "es más que evidente" y, además, aseguró que la institución puede "capitalizar el hecho para reflexionar sobre el ejercicio responsable de la paternidad". En rigor, las autoridades del colegio habían decidido postergar la expulsión del adolescente para fin de año, tras un reclamo legal de los padres.
El Santa Teresita es un colegio confesional subsidiado por la provincia, que se hace cargo de la totalidad de los sueldos de la planta docente. En su edificio de dos plantas que ocupa casi media manzana en Riccheri al 4900 se dictan todos los niveles de enseñanza. Sus alumnos pagan una cuota de entre 25 y 35 pesos.
El argumento que las autoridades escolares utilizaron para separar al joven de 14 años fue el "compromiso" que los padres firman cuando inscriben a sus hijos. En uno de sus puntos, el documento advierte que "si durante el año escolar el alumno/a cambia su condición de vida (ej. embarazo, etc.) la institución se reserva el derecho de admisión".
Pero para Sáenz, este reglamento "no puede estar por encima del derecho natural de los alumnos a educarse. Y si bien el carácter privado del colegio marca un límite a la acción del ministerio, esto no excluye que podamos emitir juicios y hacer sugerencias concretas porque, por un lado, es el Estado quien lo autoriza a funcionar y, además, lo financia".
El acta vulnera además la ley nacional Nº 25.587 que, sancionada el 2 de mayo del 2002, prohíbe expulsar de los colegios a las jóvenes embarazadas, aunque no se explaya sobre la suerte de los varones.
Murmullos puertas afueras
"¿Viste lo que pasó en la escuela?" era ayer la pregunta obligada entre los padres de la primaria cuando llegaban a buscar a sus hijos. Es más, el tema generó discusiones: mientras un grupo de madres aseguraba que "expulsar a un chico no era el ejemplo que debía dar un cristiano", otro papá advertía categóricamente que "si alguien entra a un lugar que tiene ciertas normas y después mete la pata (sic) tiene que arreglárselas".
Pero, la actitud de los alumnos de la secundaria se distanció bastante de la exaltación de los padres. La mayoría prefirió evitar el tema. "Es una pena", se limitó a decir un grupo de alumnos del segundo año del polimodal, a la sazón compañeros del hermano del chico expulsado. "Pero no pudimos hablar con nadie porque no nos dijeron nada y nosotros... qué podíamos preguntar". En cambio, otro grupo de chicas del cuarto año manifestaron que la directora se había encargado de hablar con ellas. Y, según parece, la prédica dio frutos: "Hay normas y hay que cumplirlas", aseguraron.
La Ciudad
