Las siete víctimas fatales de la represión a los saqueos y protestas que se sucedieron en Rosario entre el 19 y el 21 de diciembre fueron muertas por la policía en incidentes donde no se registró ningún enfrentamiento. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario en base a los datos obtenidos por la investigación judicial y como respuesta al que presentó el Ministerio de Gobierno de la provincia.
El informe del organismo de derechos humanos comienza por analizar el crimen de Claudio Pocho Lepratti, muerto de un balazo por dos policías del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco cuando estaba en el techo de la escuela donde trabajaba, en Las Flores. Fue el único caso que la policía —a través de la Dirección de Asuntos Internos— reconoció como un asesinato, ya que sostuvo que la agresión contra Lepratti fue injustificada.
La semana pasada, entrevistada por LT 9 de Santa Fe, la directora de Asuntos Internos, Leyla Perazzo, afirmó que “no está totalmente determinado que todas las balas (que causaron las muertes) hayan sido policiales” y que “nos estamos acostumbrando a tener muertos, especialmente los fines de semana, por armas de fuego y eso está indicando que hay armas distribuidas en todos los sectores sociales. Por eso no me parece justo atribuir a priori todas las muertes (del 19 y 20 de diciembre) a la policía”.
El informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario apunta precisamente a poner de relieve la presunta responsabilidad policial en todas las muertes ocurridas en Rosario y el hecho de que esos episodios pudieron haber sido evitados. En ningún caso, de acuerdo a sus conclusiones, se ha comprobado que la policía respondió a una agresión armada al dar muerte a alguna de las víctimas.
Graciela Acosta murió al ser baleada en Villa Gobernador Gálvez, cerca del supermercado La Gallega de San Martín y Sola. La versión oficial, de acuerdo al organismo denunciante, cita testigos que no se identifican y aseguran que la policía fue atacada a balazos. Pero los testigos que están identificados y declararon ante la Justicia coincidieron en señalar que los que disparaban eran policías, que no existió enfrentamiento y que Acosta estaba a una cuadra y media del supermercado.
El relato de los testigos
En el caso de Juan Alberto Delgado, acribillado en Pasco y Necochea, "está claro por la declaración de numerosos testigos que el autor de los disparos fue la policía". En particular, un testigo recordó que el crimen ocurrió en la tarde del 19 de diciembre, cuando la policía había acordonado el lugar: "pasa un chico corriendo, que conocí como Juan Delgado, el policía le grita que se detenga pero él sigue corriendo y uno de los policías le efectúa un disparo cayendo el chico al suelo". A continuación, estando en el piso, habría sido rematado de un disparo de escopeta.
Yanina García tenía 18 años y cayó muerta de un disparo de Fal o pistola 9 milímetros cuando salió a la puerta de su casa, en Pasco y Gutenberg, en busca de su pequeña hija. En la causa se encuentran imputados policías del Comando Radioeléctrico y de la comisaría 13ª. "A los únicos que vi con armas fue a la policía", dijo un testigo, en un testimonio que, con escasas variantes, se repitió en otros vecinos.
La Coordinadora citó una declaración del comisario principal Héctor Daniel Santana, quien afirmó que en el lugar indicado "un masculino de identidad ignorada efectuaba disparos con arma larga desde el extremo oeste hacia el personal policial", que supuestamente respondió a la agresión. Pero en el expediente judicial, sostuvo el organismo de derechos humanos, no hay indicio de ese misterioso tirador.
Santana también dijo que la comisaría 13ª utilizó escopetas Itaka con cartuchos antitumulto. La Coordinadora contrapuso a esto la declaración del dueño de un supermercado de la zona: "Apenas vino la policía, lo mando a mi padre a buscar balas de goma antitumulto a Caferatta y Marcos Paz, por recomendación de algunos agentes. Pero no tenían en todo Rosario". La provisión de municiones durante el 19 y el 20 de diciembre es un aspecto central para dilucidar de qué manera se actuó ante los incidentes sociales (ver aparte).
Otros testimonios reveladores surgen a propósito del asesinato de Rubén Pereyra, muerto el 20 de diciembre en barrio Las Flores. Según la versión oficial, "era parte de grupos que detenían camiones en la autopista Aramburu".
En cambio, los testigos apuntaron que "a Pereyra lo matan al cruzar un puente con una caja de alimentos cargada sobre el hombro. Quedó tirado en un zanjón" y luego fue asistido por vecinos. En la zona actuaban agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas, el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería y la subcomisaría 19ª.
Por su parte, Ricardo Villalba, de 16 años, resultó herido el 19 de diciembre en la zona norte de la ciudad y falleció tres días después. "Dos testigos que declaran en sede judicial afirman que ven a un policía arrodillarse, apuntar y tirar a su cuerpo", destacó la Coordinadora.
Otro menor, Walter Campos, fue muerto el 21 de diciembre por un francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales que lo siguió con su mira telescópica hasta matarlo de un disparo en la cabeza. La versión oficial dice que el chico tenía un arma y podía usarla y no parece reparar en que también existía la posibilidad de que no la usara. El organismo denunciante se preguntó "sobre qué hipótesis de conflicto se planteó la seguridad para que en un lugar donde se repartía comida fuera designado personal altamente especializado".
La pregunta cobra todavía mayor sentido si se tiene en cuenta que el jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Jorge Pupulín, negó haber recibido "órdenes directas o instrucciones específicas provenientes o de parte del Poder Ejecutivo" para intervenir en los hechos. Habrá que ver si recibe respuesta.
La Ciudad
