La procesada ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray volvió ayer a los Tribunales Federales para defender la legalidad de las contrataciones que llevó adelante mientras estuvo a cargo de la intervención de la ex telefónica estatal Entel y rechazó las sospechas que la involucran en la supuesta "defraudación a la administración pública".
"La contratación fue absolutamente legal y era necesaria. Y nunca hice nada sin estar respaldada por la ley", dijo María Julia frente al juez federal Claudio Bonadío y luego ante los periodistas en los Tribunales Federales.
Alsogaray, quien se encamina hacia el juicio oral y público en una causa por enriquecimiento ilícito, fue indagada ayer sobre la contratación de un servicio contable externo durante su gestión como interventora de la desaparecida Entel.
Es que, mediante un concurso privado de precios y sin licitación pública, Alsogaray hizo que Entel contratara a la empresa KPMG Argentina, una firma dedicada a auditorías externas, que apareció en el expediente asociada con un estudio jurídico a cargo de Jaime Fernández Madero.
Sacando turno
Precisamente Fernández Madero, así como los directivos de KPMG, también fueron citados a indagatoria.
Según las actuaciones judiciales, el servicio externo contratado por la ex telefónica estatal tenía como misión reclamar a los contratistas que finalizaran los trabajos pendientes y devolvieran los materiales sobrantes.
Y esa operatoria derivó en unos 30 juicios, la mayoría de los cuales fueron declarados prescriptos, ocasionándole un presunto perjuicio al Estado por el pago de las costas de aquellos procesos.
Sin embargo, María Julia llegó ayer a los Tribunales para refutar todas las acusaciones en su contra. Enfundada en un tailleur negro y una chalina fucsia, la ingeniera sorteó la guardia periodística que había frente a su casa y a las puertas del edificio de Comodoro Py 2002 y se dirigió al sexto piso de los Tribunales en busca de su defensora oficial, Perla Martínez de Buck.
Tras repasar algunos detalles, Alsogaray y su defensora se encaminaron hasta el despacho del juez Bonadío, donde -según admitieron fuentes judiciales- la imputada planteó de manera "sólida y clara" los argumentos para rechazar las imputaciones que se le adjudican y brindó un minucioso análisis técnico de la documentación que obra en el expediente.
Si bien admitió que había llevado adelante el acuerdo con la empresa que se le objeta, Alsogaray aclaró que su accionar estuvo amparado "en la ley 22.460", que regula la contratación de compañías extranjeras, dijeron las fuentes consultadas.
La Ciudad
