| | Suárez Mason ahora cree en los derechos humanos No declaró por el robo de bebés y pidió la libertad amparándose en el pacto de Costa Rica
| El detenido ex represor Carlos Suárez Mason se negó ayer a declarar en la causa donde se lo investiga por el robo sistemático de bebés a desaparecidos. Y, al mismo tiempo, pidió su excarcelación, amparándose en pactos internacionales de derechos humanos. Según entienden los abogados del ex general, de 79 años, quien fue jefe del I Cuerpo de Ejército, "ya han transcurrido casi dos años y siete meses desde la fecha en que (Suárez Mason) fuera detenido", por lo que habría cumplido "una pena anticipada, conculcándose sus derechos de raigambre constitucional". Es que el Pacto San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución nacional durante la reforma de 1994, establece que nadie puede estar detenido más de dos años sin sentencia firme. Y plantea que ese plazo sólo es prorrogable por un año más, un trámite que, sin embargo, hasta ese momento, el juzgado no habría hecho. Por eso, proclamando una violación de sus derechos humanos, Suárez Mason, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Barrio Norte, pidió su liberación. Ese planteo tendrá que resolverse en los próximos días, pero no será el juez federal Jorge Urso, a cargo interinamente del caso, quien dará esa respuesta, sino su colega y subrogante, Claudio Bonadío. Urso viajó ayer hacia Córdoba para tomarle hoy declaración como acusado al ex general Cristino Nicolaides, procesado por 22 casos de robo de bebés y afectado por un problema cardíaco que le impide comparecer en Buenos Aires. Ayer le tocó el turno a Pajarito Suárez Mason, ex jefe del I Cuerpo de Ejército e imputado por la apropiación de menores nacidos en los centros clandestinos de la comisaría 5ª de La Plata, Pozo de Banfield, La Cacha y Automotores Orletti. Fuentes judiciales dijeron que el imputado se negó a ampliar su declaración indagatoria. Uno de los abogados de Suárez Mason, Jorge Appiani, dio otra versión y aseguró que su cliente no declaró porque "no se hizo presente su señoría el juez Jorge Urso", y señaló que tal como indica el artículo 294 del Código Procesal Penal "se peticionó la suspensión" de la audiencia. Incluso, precisó que, si Urso hubiera estado presente Suárez Mason hubiera dicho que "no existió ningún plan sistemático" para el robo de bebés, pero sí "en cambio hubo órdenes escritas para devolver a menores abandonados a consecuencia de la guerra contra el terrorismo subversivo". Y que "230 menores encontrados fueron entregados a sus familiares o a instituciones sociales especializadas". En esta causa también están procesados con prisión domiciliaria los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Reynaldo Bignone, así como el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek.
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