Desde la sanción de la última ley de coparticipación en 1988, la relación fiscal entre la Nación y las provincias se fue modificando a través de sucesivos pactos firmados al ritmo de las reiteradas crisis económicas. La mayoría de esos acuerdos fueron incumplidos al poco tiempo de haber sido rubricados, lo cual contribuyó a engrosar la deuda que Santa Fe le reclama al gobierno nacional.
El primer pacto fiscal fue firmado en 1992, durante el primer período de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. El eje de ese acuerdo fue la transferencia a las provincias de servicios que antes eran responsabilidad de la Nación.
Un año después se firmó el Pacto Federal II, que implicó la primera gran modificación de la masa coparticipable, al resignar las provincias un porcentaje de los impuestos federales para financiar el déficit del sistema jubilatorio nacional. A cambio, varios distritos transfirieron sus Cajas previsionales al Estado federal. No fue el caso de Santa Fe, que optó por mantenerla en la órbita provincial. Allí se estableció por primera vez una garantía de coparticipación.
En el año 95, el gobierno elevó la alícuota del IVA del 18 al 21%, considerando esos tres puntos de aumento como un "préstamo" de las provincias, que luego devolvería.
El 6 de diciembre del año 1999, cuatro días antes de la asunción de Fernando de la Rúa, los gobernadores firmaron el llamado compromiso federal, que elevó el piso de coparticipación a recibir por las provincias, a cambio de un programa de ajuste. Santa Fe obtuvo un compromiso para que la Nación se hiciera cargo gradualmente del déficit de la Caja previsional.
Un año después, y como condición para conseguir el blindaje financiero, el gobierno firmó el compromiso federal II. Ya en 2001, con Cavallo promoviendo el déficit cero, se firmó otro acuerdo, que incluyó el recorte de la garantía de la coparticipación.
El último pacto firmado fue en febrero de este año, ya con Eduardo Duhalde como presidente. El criterio de ese pacto fue fundamentalmente la eliminación del piso de coparticipación, y el reparto a suerte y verdad de la recaudación de impuestos federales, incluyendo algunos, como el impuesto al cheque, que se habían creado por fuera de la masa coparticipable.
Ese acuerdo fue el que más rápido se incumplió ya que el Fondo Monetario Internacional exigió la firma de pactos por provincia, con metas estrictas de reducción del déficit fiscal y eliminación de bonos. Aún cuando fueron incumplidos, todos estos pactos fueron generando obligaciones de uno y otro lado que, en el caso de Santa Fe, llegan a acumular la cifra de 392 millones de pesos que reclama el gobierno provincial a la Nación.
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La Ciudad
