El gobierno no ocultó su satisfacción por haber cumplido con la derogación de la ley de subversión económica, una de las exigencias del FMI para conceder auxilio financiero al país. La definición hizo trinar ayer a la oposición, que volvió a hablar de "impunidad" para los banqueros que fugaron divisas del país e, incluso, de "riesgo democrático". Por su parte, el FMI mostró su satisfacción por el cumplimiento de uno de sus requisitos para destrabar la ayuda financiera.
Una de las críticas más severas vinieron de la diputada del ARI, Elisa Carrió, quien llegó a afirmar que lo sucedido ayer implica un "genocidio social" y una "autoamnistía dirigida a aquellos que saquearon el país".
Una controversia se centró en la actitud de la senadora radical por Río Negro, Amanda Isidori, quien por instrucción del gobernador Pablo Verani se retiró del recinto para no votar en contra. Varias voces se levantaron para señalar presuntas presiones desde el gobierno nacional.
Una de ellas fue la del gobernador de San Juan, Alfredo Avelín, quien avivó el fuego al denunciar que "el Ministerio del Interior presionó" a su hija, la senadora Nancy Avelín Ginestar, "para que vote a favor" de la derogación.
Casi en la misma sintonía, el senador radical Rodolfo Terragno criticó en forma indirecta a su colega al estimar que la derogación de la polémica ley se logró mediante "extorsiones, por carácter transitivo" en las cuales "el FMI extorsiona al gobierno nacional y el gobierno nacional extorsiona a los gobernadores", en obvia alusión a Verani. El gobernador rionegrino, en tanto, salió al cruce de estas afirmaciones al reafirmar que la derogación es "el resultado del cumplimiento del acuerdo de 14 puntos" firmado con la Nación y negó que el gobierno haya asumido un compromiso retributivo con su provincia.
Para Carrió, que comandó la investigación a muchos banqueros entre ellos el detenido Carlos Rohm, "hay riesgo democrático" con la probable intervención de "sectores militares para asegurar la paz social".
La diputada advirtió que con la anulación de la norma "se suicida toda la clase dirigente argentina", al tiempo que, en virtud de lo que consideró un "vacío legal y una falta total de reglas", pronosticó que el país va a entrar en una "posguerra sin guerra".
La votación se decidió tras siete horas de debate con empate 34 votos producto de que el mayoritario bloque justicialista votó dividido, aumentando las chances del radicalismo y de los partidos provinciales, que lo hicieron en contra de la derogación.
En tanto, la senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner consideró que "ayer debe haber sido uno de los días más nefastos del país", porque "se cierra la investigación sobre el vaciamiento de los bancos" y se abre un período "de impunidad".
En contragolpe, los Kirchner fueron también blanco de críticas por haber usado el avión sanitario del gobierno de Santa Cruz para trasladar al senador correntino, Lázaro Chiappe, para que vote en contra de la derogación de la ley. "No es nuevo el hecho, porque desde su adquisición la aeronave casi nunca se usó para brindar asistencia en urgencias sanitarias, sino que, por el contrario, pasó a engrosar la flota personal y proselitista del matrimonio Kirchner", señaló el legislador del partido provincial Movimiento Federal Santacruceño (MoFeSa), Omar Muñiz.
Por su parte, el gobierno suspiró tranquilo después que el presidente Eduardo Duhalde había atado su suerte a la derogación de la norma. El jefe del Estado optó ayer por la cautela y se negó a comentar la decisión del Congreso porque "dentro de una semana no se habla más de esa ley", dijo. No obstante, afirmó que si no se aprobaba el jueves la derogación de la subversión económica, "renunciaba" y "la Asamblea Legislativa iba a tener que elegir a otro".
La aprobación del FMI
En tanto, el secretario General de la Presidencia de la Nación, Aníbal Fernández, quien reconoció que la derogación de la norma fue una exigencia del FMI que "no tenía mucha razón de ser", se mostró satisfecho porque permitirá que el país saque "carné de club" y vuelva a insertarse en la comunidad internacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su satisfacción por los "progresos que están siendo logrados en algunas reformas legales" en Argentina, aunque anunció que la derogación de la ley de subversión económica y sus implicancias serán revisadas por la institución, indicó ayer una fuente del organismo.
Tenemos "información sobre la acción del Senado la noche pasada, esperamos revisar la legislación, incluidas las disposiciones que han sido transferidas al Código Penal y sus implicaciones", indicó.
"El FMI se congratula del progreso que está siendo logrado en algunas reformas legales que son esenciales para recuperar la confianza de los inversores y la comunidad internacional", afirmó luego y agregó que "la reciente modificación de la ley de quiebras fue un paso esencial en esa dirección".
"El FMI permanece comprometido a trabajar con las autoridades para implementar un programa económico completo que comience a restaurar la estabilidad financiera y la confianza en el sistema bancario, conteniendo así la inflación y creando las condiciones para que la economía vuelva a crecer", completó el vocero.
La Ciudad
