El culebrón de Jorge Boasso en el Concejo Municipal viene desde hace tiempo. Empezó casi desde que pisó por primera vez las escalinatas del Palacio Vasallo. En 1994, su incompatibilidad como concejal y ejecutor fiscal ya había sido denunciada por sus opositores. Aquella vez zafó y un dictamen de dos años más tarde le acotó su tarea como agente de la DGI en el sentido de que no podía accionar contra empresas que tuvieran relación con el municipio.
Todo se reactualizó después de los comicios de octubre pasado, en los que el usandizaguista fue reelegido en su banca consiguiendo unos 22 mil votos y convirtiéndose en el principal opositor de los candidatos del intendente Hermes Binner.
Como respuesta a una denuncia política de Boasso contra el diputado Juan Carlos Millet, la edila Daniela León pidió la expulsión del concejal del cuerpo por haber recibido dinero de un empresario del transporte en su carácter de ejecutor de la Afip. Y desde el gobierno municipal, el secretario de Gobierno Antonio Bonfatti metió más leña al fuego: "Es evidente la incompatibilidad de sus funciones".
Un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad selló la suerte de Boasso. El radical no se calló y denunció adulteraciones por parte de las autoridades.
El 2 de noviembre de 2001, el Concejo declaró su incompatibilidad moral por sus dos cargos. La votación fue de 22 votos a 19, y la apoyaron los socialistas, radicales celestes (menos Daniel Luna), peronistas de Evaristo Monti, Rubén Bermúdez y Daniela León.
Boasso siguió la pelea. Fue a la Justicia y consiguió un fallo que lo restituyó en el cargo. Pero el 10 de diciembre, al renovarse la mitad del cuerpo, la comisión de poderes por amplia mayoría no le permitió el ingreso. Ruth Atkinson, tercera en la lista de Boasso, asumió en su lugar.
Y ahora, otra vez, Boasso se levantó de la lona.
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La Ciudad
