El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró anoche que en dos años de investigaciones "ni siquiera fue posible acreditar" que hubo reparto de coimas en el Senado para la sanción de la ley de reforma laboral, por lo que los once legisladores acusados de posible cohecho serán finalmente sobreseídos en el proceso.
Además, Canicoba explicó que rechazó por "improcedente" un requerimiento fiscal para investigar, en el marco de la causa por los presuntos sobornos, si el supuesto pago de coimas se repitió ahora en la sesión parlamentaria en la que el Senado aprobó, de madrugada, la derogación de la ley de subversión económica.
"No se advierte la relación... Más allá de que hay una imputación genérica contra el Senado, ya que son otros senadores, otros funcionarios... Lo único que podría ser es la mención de la misma institución imputada", sostuvo el juez al fundamentar el rechazo a un pedido de la Fiscalía para investigar el trámite de la anulación de la ley de subversión económica en el mismo sumario por los sobornos que habrían posibilitado la reforma a las normas laborales.
Canicoba Corral anticipó que en las próximas semanas dictará el sobreseimiento de once senadores (en realidad la mayoría ya finalizó su mandato) imputados por posibles sobornos.
La medida pondrá fin a las acusaciones que aún pesan contra los justicialistas Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Augusto Alasino; los radicales Alcides López y Raúl Galván y el frepasista Javier Meneghini.
¿Dónde está el delito?
Según Canicoba, ya "no quedan diligencias reales para producir y ni siquiera hemos podido acreditar la existencia del delito" por lo que ha resultado imposible adjudicar "responsabilidades penales" pese a que la causa transitó por las manos de tres jueces y los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado han insistido en la continuidad de la pesquisa.
"Lamentablemente veo que el costo de que no se descubra la realidad lo termina pagando la Justicia", sostuvo Canicoba, que asumió así el costo de los resultados de la investigación.
Canicoba aseveró que tanto él como el ex juez Carlos Liporaci y el ahora camarista Gabriel Cavallo, que intervinieron en el caso, agotaron todas las medidas de prueba sin haber conseguido probar los sobornos. Incluso, dijo que casi la única evidencia firme del sumario es la declaración de Fernanda Villosio, una periodista que declaró que Cantarero le confesó que cobró una coima para votar la ley.
"Es muy frecuente que se recurra a la Justicia con una denuncia y difícilmente después aparezcan pruebas. En estos hechos, donde no quedan pruebas materiales, resulta muy difícil demostrar lo que se denuncia", indicó el juez.
La causa, originariamente, había quedado en manos del juez Carlos Liporaci, quien sumó acusaciones penales al ser denunciado por la presunta comisión de los delitos de "prevaricato y encubrimiento", a raíz del fallo que benefició a los senadores nacionales sospechados de haber cobrado sobornos.
Luego pasó al juez Gabriel Cavallo, pero tampoco tuvo avances significativos: fue ascendido a camarista el mismo día en que les quitó responsabilidades al ex jefe de la Side Fernando de Santibañes y al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
El escándalo de los presuntos sobornos tuvo implicancias institucionales gravísimas que derivaron en la renuncia al cargo del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez.
La Ciudad
