La Defensoría del Pueblo niega retroactividad en las multas por radar

Polémica por los alcances de un decreto nacional

Lucas Ameriso / La Capital

Si bien todas las multas hechas por radar entre el 31 de diciembre de 2001 y el 26 de marzo de este año no contaron con la habilitación expedida por la Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor, esta repartición nacional resolvió a través de un decreto aplicar la retroactividad para la certificación de estos instrumentos de medición hasta el principio del 2002. La polémica decisión motivó el rechazo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que hoy emitirá una nueva resolución declarando la nulidad de todas las infracciones emitidas en ese lapso. Sin embargo, la Subsecretaría de Transporte santafesina consideró que esta disposición es legal y se encuentra en plena vigencia.
Las habilitaciones de todos los cinemómetros (aparatos de medición de velocidad vehicular) que se utilizan en el país, habían caducado el 31 de diciembre, tal cual lo expresaba la resolución 77/2001 emitida por la Secretaría de la Competencia.
Pero según se pudo constatar, las multas en las rutas santafesinas se siguieron labrando al margen de este requisito. Así ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en su primera resolución de marzo al indicar que "los aparatos de radar, desde el punto de vista técnico, no están habilitados".
Pero el punto máximo de ebullición se produjo con un dictamen emitido por la repartición nacional encargada de la certificación de los instrumentos de medición. El 26 de marzo, la Secretaría de la Competencia entiende que el okey sobre los radares rige con retroactividad al 31 de diciembre del 2001, lo cual brindaría un marco legal para el cobro de todas las infracciones detectadas durante dicho lapso.
"Esto de ninguna manera puede ser correcto, y por consiguiente no corresponde pagar. Esto quedará de manifiesto en una nueva resolución", insistió ayer el defensor del pueblo, Ricardo Cicarelli.
El subsecretario de Transporte de la provincia, Carlos Muia, dijo que "el dictamen de la Nación aplicando la retroactividad tiene validez y plena vigencia", al aclarar que la repartición que conduce "no tiene competencia". En última instancia "es la Justicia la que debe determinar si desde la Nación se obró conforme a derecho", advirtió.
Mientras tanto, el número de damnificados por esta situación se refleja en el aumento de las consultas ante la Defensoría del Pueblo. "A la gente que llega con una multa, se la asesora y a su vez se la deriva a la Secretaría de Industria y Comercio de la provincia donde pueden asentar su descargo", apuntó Cicarelli.
La directora para la zona sur de la repartición, María Bressa, precisó que por estos reclamos "se hacen presentes en las oficinas de Rosario unos 4 casos por día" y resaltó que esta situación anómala "será debidamente notificada a la Defensoría del Pueblo de la Nación, y a las áreas del gobierno provincial con participación en el tema".