La Cámara de Apelaciones en lo Penal de los Tribunales provinciales autorizó a la Municipalidad a retirar 8 antenas de telefonía celular que se encuentran emplazadas en escuelas, clubes, entidades de salud y una parroquia. Sin embargo, el municipio aún no puso manos a la obra debido a que una de las empresas telefónicas presentó un recurso de amparo que fue aceptado por la Justicia federal. Ante esta situación, y temiendo que otras firmas puedan seguir el mismo camino legal, los funcionarios del Ejecutivo optaron por la "prudencia" y esperan que el conflicto se dirima en Tribunales.
Pero mientras la Justicia se sigue tomando sus tiempos, un grupo de concejales ya comenzó una campaña de concientización en distintas escuelas. "El objetivo es informar a los padres el peligro que las antenas representan para la salud e integridad de sus hijos", explicó a La Capital la concejala socialista Silvia Augsburger.
La idea de los ediles es visitar los distintos colegios y clubes en los que se encuentran instaladas torres de telefonía móvil, con el objetivo de distribuir folletos y explicar la nueva legislación municipal que rige al respecto.
En tal sentido, los legisladores estuvieron anteayer en el Colegio Cristo Rey y ayer visitaron el La Salle. En ambas instituciones hay instaladas torres de telefonía celular. Hoy, en tanto, tienen previsto llegar hasta la parroquia escuela ubicada en Saavedra 2150, y los clubes Tiro Suizo y Social Zona Sud.
Una complicada historia judicial
La ordenanza que prohibió la instalación de torres de telefonía en "inmuebles donde funcionen establecimientos educacionales, clubes, instituciones intermedias, centros de salud y cualquier ámbito de concurrencia masiva de público" fue promulgada por el Concejo el 30 de noviembre de 2000.
La norma surgió seis meses después de que un trágico accidente le costara la vida a un joven operario de una empresa de telefonía celular, quien falleció al desplomarse la torre de 120 metros sobre la que trabajaba en el Club Banco Nación (avenida Rondeau al 2900).
El accidente se transformó en el detonante de un sinnúmero de críticas hacia los concejales, quienes después de algunos meses de controversias, sancionaron la nueva ordenanza que intimó a las empresas a retirar sus soportes.
"Hoy por hoy, la Municipalidad está autorizada por la Cámara Penal de Apelaciones de los Tribunales provinciales para allanar los lugares en los que están las antenas más conflictivas y desmantelarlas", señaló el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Alejandro Menicocci. Pero a renglón seguido, el funcionario destacó que el municipio "actúa con prudencia. No llevamos adelante las órdenes porque hay un amparo presentado por una empresa de telefonía que debe definirse en los Tribunales federales", indicó.
El temor de los hombres del intendente es que si este amparo sale favorable a la firma telefónica, el resto pueda seguir el mismo camino y la Municipalidad perdería mucho dinero en juicios.
Ante esta realidad, y con las órdenes de allanamiento en la mano, la Municipalidad optó por la prudencia y la espera.
"Lo que sucede es que sobre el tema de las telecomunicaciones surgió primero todo un debate en cuanto a qué juez debía declararse competente", explicó Menicocci. El funcionario destacó que luego de que se sancionara la ordenanza que determinó el retiro de algunas antenas, el camino judicial se tornó intrincado.
Y el amparo presentado por una de las firmas dilató aún más el proceso. "La Justicia provincial se declaró incompetente y la federal también, por lo que el tema llegó a la Corte Suprema, que dictaminó que debía intervenir el juez federal", señaló Menicocci.
Resolución de la Justicia federal
Así las cosas, la jueza federal Silvia Aramberri dictó una medida cautelar de no innovar, es decir, no realizar ningún tipo de cambio en el predio en el que está instalada una de las antenas celulares, y el desmantelamiento quedó en suspenso.
Es más, hace dos semanas hubo una audiencia de conciliación en la que las partes no llegaron a ningún acuerdo.
Ante esta situación, la Municipalidad optó por esperar la resolución final del amparo para avanzar en el desmantelamiento de las otras antenas. "Hay que esperar, porque si allanamos, mientras estemos desarmando la antena los propietarios pueden presentar un amparo y detener todo el proceso. Esto implicaría grandes pérdidas para la Municipalidad", indicó Menicocci.
Lo cierto es que hoy, cinco meses después de sancionada la nueva ordenanza que reglamentó la colocación de antenas, todo está en el freezer.
Los grandes soportes de telefonía móvil siguen emplazados en escuelas, instituciones deportivas y centros de salud, al tiempo que las imágenes de la tragedia del club Banco Nación siguen en la memoria de los rosarinos.
La Ciudad
