El gobernador Carlos Reutemann acusó a las segundas líneas de la administración que encabeza Eduardo Duhalde de haber sido las responsables del manejo irregular de la distribución de los planes sociales para jefes de hogar en Santa Fe, dejando a salvo la figura del primer mandatario al señalar que el presidente no ha "tenido nada que ver con esta situación" y que él se inclinaba en cambio por adjudicar este manejo a secretarios o subsecretarios que controlan el aparato partidario en Buenos Aires.
El Lole confirmó que tal como se sospechaba hubo beneficiarios de la provincia que fueron asentados en Buenos Aires y viceversa, razón por la cual "vamos a estar atentos a lo que suceda en estos días, para ver si aparecen más beneficiarios que no fueron asentados de acuerdo con el sistema puesto en práctica por nosotros".
Lo cierto es que Reutemann exige una respuesta clara y concreta sobre lo sucedido en torno a la detección de 4.500 planes en el partido de Valentín Alsina, y todos aquellos que sumarían entre 10.000 y 12.000 planes por afuera de la provincia, como también de las responsabilidades políticas.
Este dato fue confirmado a La Capital por la secretaria de Promoción Comunitaria, Adriana Cavuto, quien se reunió en la mañana de ayer con el gobernador señalando que la provincia está a la espera de una respuesta por parte de la Gerencia de Empleo de los 4.644 beneficiarios inscriptos en el conurbano bonaerense.
También ayer se desmintieron las versiones sobre un hipotético encuentro entre la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, y el gobernador santafesino, quien con el pretexto de la firma de un convenio con la Nación para solucionar el conflicto del Hospital Italiano conversaría con la funcionaria sobre el delicado tema que divide a provincia y Nación.
Sin embargo a ese acto no sólo no asistió Reutemann, sino que tampoco lo hizo el titular de la Secretaría de Trabajo provincial, Oscar Ercoli, y solamente estuvo presente la subsecretaria del área, Lidia Traverso, quien no tiene ningún tipo de injerencia en el área social, como una prueba de que el gobernador todavía está a la espera de una respuesta de la Nación para aclarar la situación.
Reutemann realizó declaraciones luego de haber asistido a una reunión con el padre Atilio Rosso, orientador del movimiento católico de Los Sin Techo. Cuando se le preguntó si temía que continuaran los operativos contra su persona, respondió que "no hay que ser tan desconfiado", y por otra parte repitió sonriente que no es "candidato a nada, ni de nadie, así que quédense tranquilos todos".
En la Justicia federal
Mientras, la diputada nacional del radicalismo Lilia Puig de Stubrin presentó ante la Fiscalía Federal un sobre con el membrete del Ministerio de Trabajo dentro del cual se encontraban los 53 formularios para tramitar las solicitudes del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Esa documentación quedó en manos del juez Federal Reinaldo Rodríguez, quien tomará declaraciones testimoniales entre el jueves y viernes al diputado nacional Julio Gutiérrez (PJ); al intendente de San Javier, José Baucero; al presidente comunal de Helvecia, Víctor Flores, y al dirigente piquetero Rubén Sala, uno de los que denunció el acuerdo entre la Nación y el grupo de desocupados que lidera Luis D'Elía.
En este contexto adquiere relieve el aporte que puede hacer Gutiérrez, quien detalló cómo fue la modalidad de cesión de los planes de empleo por fuera de la estructura provincial y desde la base del partido bonaerense de Valentín Alsina.
El legislador ha dicho que "la operación de arranque partió de la Villa Epumer", y precisó que "el proyecto se llama FTV-Santa Fe y lo pide la Asociación Civil por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat, y esos 4.644 van cargados como si fueran de Valentín Alsina".
Se supo que los 4.644 beneficiarios inscriptos en ese partido bonaerense, pero que tienen domicilio en Santa Fe, cobraron sus programas asistenciales en la capital provincial, Rosario y otras ciudades de la provincia.
Gutiérrez, que fue víctima de un ataque fallido a su domicilio con dos sifones cargados de combustible, advirtió que "nadie puede ignorar que desde la propia Casa Rosada se franqueó la tribuna, para que se critique al gobierno de la provincia, a ciertos grupos sobre todo provenientes del Gran Buenos Aires, que todos sabemos cómo se manejan, en especial, los procedentes de La Matanza, y quieren transferir esta práctica al resto del país".
En ese orden, y en un marco de crecientes denuncias por la polémica distribución de los planes sociales, el gobierno de Eduardo Duhalde salió a minimizar ayer la disputa surgida entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, y a poner paños fríos en la discusión con Reutemann.
"Se trata de un derecho universal -dijo el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, refiriéndose al plan Jefas y Jefes de Hogar- y, en realidad, creo que no es importante tanto si lo trae Juan o Pedro. Lo importante -agregó- es que el gobierno nacional ha podido poner en marcha el programa de asistencia a desocupados más importante de Latinoamérica".
Atanasof salió así al cruce, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, del mandatario bonaerense Felipe Solá, quien había calificado de "falta de respeto político para los gobernadores" la actitud del funcionario nacional cuando era ministro de Trabajo de enviar los planes a la provincia sin fiscalización de las intendencias.
"Quiero que Atanasof explique a quién le dio esos 65.000 planes", alertó en declaraciones radiales Solá, uno de los gobernadores más reticentes en firmar el acuerdo con la Nación por la reducción del 60 por ciento en el déficit fiscal de las provincias.
Casi al mismo tiempo, el canciller Carlos Ruckauf, hombre de la provincia de Buenos Aires, refiriéndose al conflicto planteado con Reutemann dijo "no creer" que el santafesino "haga ninguna explotación incorrecta de los planes asistenciales" y aseguró que "nadie puede poner en duda su honestidad".
Reutemann se enojó la semana pasada cuando manifestó que "alguna mano traviesa en Buenos Aires" le quiere "embarrar la cancha", por su conocida aspiración presidencial, luego de que el líder piquetero Luis D'Elía denunciara en la misma Casa Rosada irregularidades en la distribución de los planes en Santa Fe.
Al ser consultado sobre la posibilidad de una protesta formal, Reutemann recordó que la "hubo, y suficiente", pero sostuvo que "la cuestión es no perjudicar a los beneficiarios que han obtenido los subsidios".
Para colmo, ayer estalló en Córdoba un escándalo parecido y el gobierno de José Manuel de la Sota debió salir a explicar por qué la semana pasada realizó los pagos en bonos cordobeses, Lecor, en lugar de los Lecop que había enviado la administración central. Ocurre que el bono nacional cotiza a 0,97 peso, mientras que el provincial a 0,87, con lo que dejó abierta la puerta a la suspicacia.
La Ciudad
