El interior, otra vez a pérdida

Gabriel González / La Capital

Las decisiones de política económica se siguen cortando en este país por lo más delgado.
Una provincia como la de Santa Fe, con sus cuentas medianamente ordenadas, padece una inédita asfixia financiera por culpa del despilfarro de recursos públicos que tuvo como principales responsables al poder central y Buenos Aires.
Para enjuagar el déficit, la Nación echa manos a la retención de las exportaciones agropecuarias que no coparticipa con los estados provinciales. Se trata de una transferencia de 3.000 millones anuales de los cuales por lo menos unos mil se van desde Santa Fe, según cálculos privados.
El Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) está técnicamente fundido desde hace bastante tiempo. Sin embargo, ello no impidió que se le otorgaran 4.000 millones en redescuentos, mientras que algunas provincias, como Santa Fe, deben afrontan voluminosas deudas en dólares luego de haber privatizado sus entidades.
La autoridad monetaria inyectó más de 3.000 millones para salvar al Banco de Galicia (y Buenos Aires SA) de la corrida de depósitos y se instauró el corralito financiero para evitar su derrumbe. Esos 3.000 millones equivalen a la mitad de los depósitos que tenía el Galicia en noviembre de 2001, según datos del BCRA.
Si bien es cierto que una hipotética caída del Galicia hubiese significado herir de muerte al sistema financiero, también hay que marcar que un 85% de esas colocaciones (5.093 millones) estaban concentradas en Buenos Aires y Capital Federal, y sólo un 6 por ciento se reparte entre Santa Fe y Córdoba.
El caso de los bancos Bisel y Suquía es exactamente al revés. Generados en torno a la riqueza del interior, un 66% de sus depósitos se distribuye entre Santa Fe y Córdoba, contra menos de un 30% en la metrópoli.
Entre Bisel y Suquía sumaban una cartera de depósitos por 2.509 millones y tienen problemas de liquidez como el resto de las entidades. Sus accionistas franceses habían aportado préstamos por más de 100 millones, y el cortocircuito estalló cuando los dos enviados galos que llegaron para pilotear la crisis no acordaron con el BCRA los criterios de auxilio. La suma involucrada no pasaba de 200 millones, una cifra ínfima si se la compara con los 7.000 que se llevaron entre Galicia y Bapro.
Con el portazo dado por los franceses, los dos bancos de fuerte presencia en la región quedaron a tiro de una suspensión. Y si es por la lógica que encadena las decisiones nacionales, las perspectivas son de pronóstico reservado.