La posibilidad de cancelar deudas bancarias con títulos públicos caducó ayer y las entidades que nuclean a los pequeños y medianos empresarios, especialmente agropecuarios, salieron a reclamar una postergación de esta medida que les permitiría a los deudores cancelar sus acreencias con un beneficio de más del 40 por ciento del monto inicial.
Aunque el presidente Eduardo Duhalde les confirmó el lunes a los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) que la disposición se prorrogaría por 60 días, en rigor hasta anoche se aguardaba la firma del primer mandatario para rubricar un decreto y su posterior inclusión en el Boletín Oficial, para que la medida se mantenga en vigencia por otros dos meses.
Ayer, el titular de Coninagro, Mario Ratieri, confirmó a La Capital que durante el acuerdo con Duhalde, "el presidente se comprometió a prorrogar la medida por 60 días como mínimo".
"Algunos integrantes de la reunión le explicaron al presidente que la medida vencía mañana (por ayer) y él fue terminante al decir que se renovaba con total seguridad", aclaró Ratieri, quien se mostró totalmente confiado en que la prórroga es un hecho.
"Estamos gestionando la prórroga porque aunque fue dispuesta por el ex ministro Domingo Cavallo en noviembre, recién hace tres semanas los bancos comenzaron a aceptar esta modalidad de pago", reveló Ana Galmarini, de la Asociación de Mujeres en Lucha, entidad gremial agropecuaria que viene peleando además por la equiparación de todas las categorías de deudores como beneficiarios de esta medida.
Hasta ayer, la aceptación del pago con bonos era obligatoria para los bancos sólo en el caso de las deudas calificadas en las categorías 4, 5 y 6, es decir con moras superiores a los 120 días.
Mientras que para los clientes incluidos en las categorías 1, 2 y 3, es decir con incumplimiento inferior a los cuatro meses, los bancos no estaban obligados a recibir títulos a cambio de deuda.
Al respecto el tributarista Eduardo De Loredo cuestionó la decisión del gobierno que mediante la normativa "discrimina arbitrariamente e inequitativamente a los deudores, colocando a los que están en posición 4, 5 y 6 o sea con mayor morosidad en mejor situación que a los de posición 1, 2 y 3 que ciertamente con mayor esfuerzo han venido cumpliendo como pudieron sus obligaciones dinerarias".
Una salida al endeudamiento
"Con esta medida, muchos productores tendrían una salida porque se sumarían tres factores clave: primero, la pesificación de las deudas, segundo el aumento del precio de los granos (hoy la soja cotiza a 480 pesos la tonelada) y tercero, los bonos se consiguen en el mercado a un valor menor al nominal que posibilitan un ahorro cercano al 40 por ciento", precisó Galmarini.
La dirigente agropecuaria justificó la prórroga en el manejo operativo de la medida. "Los bancos hace muy poco comenzaron a instrumentar esta medida y además la operatoria de compra de bonos a través de los bancos era un trámite que demandaba alrededor de siete días", dijo.
En ese sentido, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, aclaró que "para que la prórroga sea efectiva y beneficie a las producciones de todo el país debería ser como mínimo de 180 días".
Por caso, aclaró que "si bien para los productores del sur santafesino una postergación de 30 días podría favorecerlos porque se encuentran en plena venta de la cosecha gruesa, allí no se termina el país y existen otras regiones donde hay problemas de anegamiento de cultivos y donde la zafra se va a demorar".
La Ciudad
