"Es una falta de respeto a la provincia por parte del gobierno nacional haber cargado directo en su base de datos diez mil planes sociales con total desconocimiento de Santa Fe, después de todo el esfuerzo que se hizo desde acá para anotar a la gente", sostuvo ayer un Carlos Reutemann profundamente indignado y molesto como muy pocas veces se lo vio por "la cantidad de estupideces y barbaridades que están diciendo", en obvia referencia al ataque verbal del diputado y dirigente piquetero de la CTA Luis D'Elía.
El hecho desatado días atrás y que en un principio apareció como una simple disputa por la distribución de los nuevos planes sociales, pronto adquirió un volumen político inusitado y fue visualizado desde la Casa Gris como el intento más serio hasta el momento para establecer en la provincia una cabecera de playa con un ejército de piqueteros y a partir de allí comenzar a jaquear la estabilidad de quien es uno de los candidatos más firmes a la presidencia: Carlos Alberto Reutemann.
El gobernador rompió ayer el silencio en torno a las denuncias por irregularidades en la distribución de los planes sociales que desató desde hace varios días un verdadero escándalo político llevando a la provincia a la primera plana de los diarios, y de la misma manera se mostró en extremo fastidiado porque el gobierno nacional no envió la nómina de beneficiarios de todas las localidades del interior.
"Por respeto a la provincia quiero saber qué pasó", dijo el Lole quien no descartó un acuerdo del gobierno nacional con estas organizaciones de desocupados a cambio de la paz social en Buenos Aires, al mismo tiempo que se desvinculó de responsabilidades sobre las acusaciones que le sigue haciendo D'Elía, pero también tomó distancia de las denuncias de intendentes y presidentes comunales que encendieron la mecha que generó un verdadero chiquero político en un tema harto sensible para la sociedad.
"Las denuncias y todo lo que se ha dicho en donde hay cruces entre algún intendente y de algunas organizaciones vinculadas a planes sociales, no tienen nada que ver ni con este gobernador, ni con nadie de la provincia", se encargo de recalcar Reutemann, dejando bien en claro que "todas las denuncias que se plantearon sobre si cobraron o no por los planes va por cuenta, riesgo y responsabilidad de quien lo dijo".
La nacionalización de estas denuncias y el tono al que subieron el caso hicieron encender una luz roja en el despacho del presidente Eduardo Duhalde, y por eso no extrañó que ayer mismo el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se encargara de desautorizar a D'Elía por sus ataques contra el gobernador desde la misma Casa Rosada.
"El gobierno entiende que por lo menos este fue un hecho de poca lealtad ya que D'Elía podría haber hecho sus declaraciones en cualquier otro lugar", señaló el funcionario, que no se quedó en eso. "No fue una actitud leal de este dirigente con un gobierno que le abrió las puertas para participar de este Consejo (uno que controlará el manejo de la ayuda social) y creemos que no es ético que venga aquí a criticar a un gobernador y a la política social del gobierno".
Además, Atanasof se preocupó mucho en recalcar que "no existen fisuras entre la Nación y Santa Fe".
Sin embargo en declaraciones de ayer a LT 10, Reutemann relató que días atrás cuando se firmó el acuerdo de los l4 puntos le preguntó al jefe de Gabinete acerca de las versiones sobre supuestas cargas de planes sociales en forma directa a la Nación.
"El ministro me lo negó y 48 horas después me reconoció que esto lo estaban haciendo con el total desconocimiento de la provincia", precisó el santafesino.
Reutemann agregó que la Nación se comprometió a que, 72 horas antes del vencimiento del plazo para conformar el listado completo de beneficiarios, iba a suministrar el dato de las personas que no pasaron por la provincia, es decir, que circularon fuera del circuito oficial, datos "que todavía desconocemos pero estimamos que deben rondar entre 7.000 y 10.000 personas", dijo.
Lo cierto es que el curso de los acontecimientos le hizo cambiar de estrategia al gobernador pasando de un silencio de radio a una fuerte apuesta contestataria. En primer término acusando duramente a la Nación por este desmanejo en la distribución de los planes por fuera de la provincia y exigiéndole explicaciones a Duhalde, y en segundo lugar tratando de poner distancia de la línea de fuego que sin solución de continuidad le dispararon sectores como el encabezado por D'Elía.
Reutemann no vaciló en trasmitirle a Duhalde su queja por "la lamentable forma en que se manejó el gobierno nacional permitiendo la actuación de estructuras paralelas a la provincia y a los municipios", pero de todas maneras no logró obtener como respuesta mucho más que la promesa de "dar claridad a todo esto y las respuestas que se tengan que dar".
Mientras, ayer la capital provincial volvió a parecer un volcán por este asunto y nadie dejó de arrojar algo de combustible a la hoguera.
Un "gordo" piquetero
Así, Rubén Sala, uno de los dirigentes del Movimiento de Desocupados de Santa Rosa de Lima denunció la existencia de un acuerdo entre Duhalde y D'Elía, a quien denominó como a uno de los "gordos piqueteros".
Ese piquetero no es precisamente un reutemista y sostuvo que la base del acuerdo es la entrega de 70.000 planes de empleo que se reparten entre el Movimiento de Desocupados y la Corriente Clasista y Combativa, y de los cuales manejan por lo menos 3.500 para el centro norte de la provincia.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Bettanín, uno de los hombres cercanos a D'Elía, anunció acciones judiciales contra los intendentes y presidentes comunales que lo acusaron de participar en la distribución y eventual venta de planes, pero también se encargó de cargar con dureza contra el intendente capitalino, Marcelo Alvarez.
La Ciudad
