Unas 50 familias de las localidades neuquinas de Plaza Huincul y Cutral-Có, que trabajaron en la petrolera YPF y después de la privatización de la compañía fueron despedidos, pudieron recuperar una costosa planta importada que habían comprado con las indemnizaciones y que estaba retenida por la Aduana hace seis años.
El titular de la Dirección de Aduanas, Mario Das Neves, confirmó la operación. El funcionario dijo que él impulsó la iniciativa en base al decreto número 59 que firmó el presidente Eduardo Duhalde a principios de su gestión, por el cual se habilita la entrega de mercaderías incautadas por el organismo para ayuda social.
Los beneficiados por la medida son 50 familias de las localidades de Plaza Huincul y Cutral-Có, situadas a 100 kilómetros de la capital neuquina, quienes pagaron en 1996 cerca de 800 mil dólares por la importación de una planta separadora de gas.
Cutral-Có fue el triste escenario, el 12 de abril de 1997, de la muerte de la empleada doméstica Teresa Rodríguez, por una bala policial, en el marco de una violenta represión tras una manifestación por el descuento salarial a docentes por parte del entonces gobernador Felipe Sapag.
La privatización de YPF produjo un cambio en el mapa productivo de la región, donde a pesar de que los centenares de trabajadores cesanteados recibieron indemnizaciones, quedó sumida en un empobrecimiento progresivo que fue la causa de explosivos enfrentamientos entre desempleados y funcionarios. A tal punto llegó esa situación que en 1997, un grupo de desempleados cercaron en el edificio municipal durante varias horas al vicegobernador neuquino Ricardo Corradi junto con varios funcionarios que se habían acercado a Cutral Có para ofrecer una alternativa de ayuda social y desactivar las protestas por los bajos subsidios que recibían los más pobres.
"En lugar de destinar el dinero de los despidos a comprar un taxi o un kiosco, esta gente prefirió formar una cooperativa y seguir aportando en el rubro que ellos conocían", explicó Das Neves.
El funcionario precisó que la resolución de la liberación de la planta (que del puerto de Buenos Aires había sido enviada a la Aduana de Neuquén) fue firmada anteayer por el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
En diez días empieza a funcionar
De esta manera, los trabajadores podrán poner en marcha su proyecto en unos diez días, según estimó Das Neves, vendiendo el servicio a otras empresas.
La planta de gas estuvo durante estos años retenida en las propias instalaciones de los trabajadores, pero como estaba interdictada no la podían utilizar.
La Aduana pretendía cobrar el tiempo de almacenamiento, pero Das Neves dijo que finalmente esto no se aplicó, porque se tuvo en cuenta el decreto referido a la ayuda social.
Los cooperativistas cumplían funciones en la empresa YPF, pero en octubre de 1992, tras la privatización, se quedaron sin trabajo.
"Esto es realmente una buena noticia, hay que destacar el esfuerzo y el empuje de estos ex trabajadores de YPF", subrayó Das Neves.
Consultado sobre la burocracia en estas cuestiones, admitió que "es una pelea terrorífica, es la demostración de un Estado desquiciado, devastado, distraído, que no entiende lo que está pasando en el país". Agregó en tal sentido que "todavía estamos dando vueltas con la ley para liberar toda la mercadería" incautada en la Aduana, que representa "entre 80 y 100 millones de pesos". (DyN)
La Ciudad
