Dos artículos para la polémica

El proyecto de modificación de la ley de subversión económica que ayer se aprestaba a votar el Senado reduce la norma a dos artículos. Estos puntos obligan a demostrar "conducta fraudulenta" en la comisión de actos que perjudiquen a la economía del país y, como contrapartida, elevan las penas para los eventuales condenados.
La tipificación del delito de subversión económica fue creada y aprobada en septiembre de 1974 durante el gobierno de Isabel Perón con la intención de condenar la financiación de la guerrilla.
En su versión original condenaba no sólo delitos económicos, como "el cierre, liquidación o quiebra" de una empresa que "causare perjuicio a la economía nacional" sino también actividades de propagación de ideas contrarias al "orden institucional y la paz social de la Nación".
Conocida también como ley Graiver (el banquero que alguna vez fue asociado con el lavado del dinero producto del secuestro de Jorge Born), la norma fue utilizada por el gobierno militar para perseguir y apropiarse de bienes de empresarios.
En 1984 y en 1993 se derogó la mayor parte de la ley, y sólo quedaron en pie los artículos 6, 7, 8, 9 y 13 (el 14 es la comunicación al Ejecutivo) referidos a los delitos económicos, como el que establece penas a quien "con ánimo de lucro o maliciosamente (...) destruyere indebidamente, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere" el valor de sus empresas.
La ley recuperó actualidad porque se convirtió en el fundamento legal por el cual la Justicia está reclamando la indagatoria de banqueros y empresarios que presuntamente desviaron fondos que estaban encerrados en el corralito y por el cual está preso el ex titular del Banco General de Negocios, Carlos Rohm.
Sin embargo fue aplicada recurrentemente desde 1994, para imputar a personajes conocidos como el ex-ministro Domingo Cavallo, Pedro Pou, Carlos Bastos y Rubén Beraja; y empresas como Repsol-YPF, Ferrylíneas y Banco de los Andes, todos ellos aún vinculados a procesos en curso.
Después de un extenso trabajo de análisis, legisladores y funcionarios del gobierno, con el aval del FMI, llegaron a un acuerdo para impulsar un texto modificatorio.
La polémica mayor se produjo en torno del cambio de la figura en el artículo 6, ya que establecía penas a quienes actuaran "con ánimo de lucro o maliciosamente", mientras que el nuevo texto reemplaza esa expresión por la palabra "fraudulentamente", con lo cual lo convierte en un delito más difícil de comprobar.