La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a recorrer esta semana la recta final hacia la formulación de cargos que recaerán, al menos, sobre algunos de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes serían imputados por presunto mal desempeño del cargo.
La comisión presidida por el justicialista Sergio Acevedo volverá a reunirse mañana, a las 13, para poner sobre la mesa las pruebas acumuladas en relación de las causas factibles de fundamentar el enjuiciamiento de los magistrados ante el Senado, con el fin de su posible remoción.
A partir del material que abona la instrucción de las denuncias recibidas, es probable que cite testigos para aclarar aspectos de algunas causas, como la vinculada a la conducta de los jueces en la investigación del atentado contra la embajada de Israel, perpetrado el 17 de marzo de 1992.
En otros expedientes, en tanto, los legisladores estarían en condiciones de evaluar borradores de los cargos, sobre los cuales los jueces tendrán oportunidad de hacer su descargo antes de que se consideren en el recinto.
Si bien los pedidos de juicio político cubren a todos los integrantes de la Corte, el ministro Gustavo Bossert es el que aparece menos comprometido, según confirmaron fuentes parlamentarias en forma extraoficial.
Se estima que a mediados de marzo el plenario de la Cámara podría tratar los dictámenes que emita la comisión, cuya aprobación deberá contar al menos con dos tercios de los votos de los legisladores presentes.
Pero el cuerpo no saldó la discusión acerca de si irá avanzando por causas o esperará a la finalización de la investigación de todas de las denuncias para formular acusación en el Senado.
El diputado tucumano por el PJ José Falú estimó que el debate es "bizantino" porque "en definitiva la decisión final será de la Cámara", explicó. Lo que sí está claro es que la formulación de cargos responderá al comportamiento individual de los jueces en las causas investigadas.
Corralito financiero
Las instrucciones más avanzadas son las referidas al corralito financiero que atrapó los ahorros de los argentinos, el posible incumplimiento de la ley de ética por los magistrados y la habilitación de la candidatura de Raúl Romero Feris para disputar la Gobernación en Corrientes. Estas causas requieren, básicamente, la prueba de fallos y acordadas del supremo tribunal.
La punta de lanza de la acusación parece ser la causa del corralito y las "contradicciones graves" en que habría incurrido la Corte tomando las resoluciones que emitió en los casos de Carlos Smith y Claudio Kiper.
Falú, quien sigue la causa, sostuvo que "es evidente que hubo un fallo jurídico y un fallo político, porque si no sobre la misma materia no se pueden decir dos cosas distintas".
Más engorrosa resulta la tramitación del pedido de juicio político por el desempeño de la Corte en la investigación de la voladura de la embajada de Israel.
La Ciudad
