Representantes del gobierno, las empresas y el sindicalismo señalaron ayer la necesidad de un aporte "desinteresado" de quienes ganaron con las privatizaciones y la devaluación para poder lograr los 3.000 millones de pesos extra que se requieren para financiar iniciativas que apunten a universalizar las prestaciones por desempleo y extender la seguridad social a los grupos menos protegidos, como los trabajadores rurales y los mayores de 75 años carecientes de recursos.
Así quedó establecido en el documento conclusivo de la mesa socio-laboral-productiva que se aprobó, a referéndum de las organizaciones sectoriales intervinientes, durante el plenario realizado en el Colegio Jesús María, del Barrio Norte porteño, en el marco del Diálogo Argentino que con más de 1.600 asistentes impulsan la Iglesia, el gobierno y las Naciones Unidas.
La idea fue conocida por el gobierno cuando los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Ramón Staffolani -integrantes de la Mesa de Diálogo Argentino- le hicieron llegar al Ejecutivo un documento demandando un aporte extraordinario a los que más tienen.
Al cerrar el debate multisectorial, el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, consideró que "es hora que los organismos multilaterales de crédito entiendan cuál es la situación de la Argentina, cuáles son las prioridades, y que no se condicione los aportes para las políticas sociales a los acuerdos que deban realizarse, particularmente, con el FMI".
Hacen faltan 3 mil millones
Tras reconocer -como se indica en el documento- que "el Estado ya ha llegado al tope de su capacidad de asignación presupuestaria", el funcionario reiteró que "se necesitan 3.000 millones de pesos más para que podamos avanzar decididamente, en esta etapa de transición, en la inclusión de todos aquellos que, no sólo están excluidos del mercado laboral, sino también socialmente".
"Es hora entonces de lograr el aporte de los que más poseen en la Argentina. Es hora de que aquellos que han obtenido legítimos beneficios durante los últimos años aporten en forma desinteresada y solidaria para que podamos sostener, de alguna manera, al situación social".
Si bien entre los participantes quedaron muchas dudas sobre cuáles serán los mecanismos que impulsará el gobierno de Eduardo Duhalde para conseguir el aporte extraordinario de las empresas, Atanasof calificó de "gran éxito político" al acuerdo multisectorial alcanzado ayer, que de ahora en más deberá -según quedó establecido en el documento- "institucionalizar el diálogo" mediante la creación de un Consejo Económico y Social.
A pesar de las coincidencias finales, se pudo saber que en las tres comisiones de trabajo hubo acalorados debates sobre las posibles retenciones a las exportaciones y a los "pesificados activos" para solventar la ayuda social y que los delegados de la Sociedad Rural Argentina fueron los que más se oposición a este tipo de tributo.
En el documento titulado "Propuesta de emergencia y lineamientos estratégicos", el heterogéneo grupo coincidió en que urge "universalizar las prestaciones por desempleo, como por ejemplo para jefes/as de hogar y ampliar la cobertura del seguro de desempleo, y aprovechar mejor los programas y recursos existentes".
Asimismo, propició "extender la cobertura de la seguridad social a los grupos no protegidos como los trabajadores rurales y los mayores de 75 años que carezcan de ingresos".
Tras marcar que hay que "propender a una integración mayor de los instrumentos para aumentar su focalización en las familias pobres, los cuales se diseñarán buscando apoyar la superación de la pobreza", no dudó en decir que "deberán asignarse recursos adicionales a este fin, que sólo para las prestaciones de desempleo se estiman en alrededor de 3.000 millones de pesos, pero su prioridad así lo amerita".
Además de Atanasof participaron del cierre el ministro Ignacio De Mendiguren (Producción), los obispos Casaretto y Staffolani, el representante de las Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturen, y el vicejefe de gabinete, Juan Pablo Cafiero.
La Ciudad
