El gobierno ratificó ayer su decisión de aplicar retenciones a las empresas petroleras aunque dejó abierta la posibilidad del diálogo con las compañías, que ante la actitud oficial decidieron aumentar los precios del combustible. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que "el gobierno mantiene su decisión de aplicar retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, tal como lo habilita la ley 25561 (de emergencia económica) a partir del 1º de marzo".
No obstante, remarcó que el Poder Ejecutivo "esta dispuesto a considerar cualquier propuesta alternativa del Congreso de la Nación, en la medida que garantice al Estado un ingreso fiscal desde el sector petrolero similar al que se obtendría por la vía de las retenciones".
Asimismo, indicó, "un proyecto alternativo deberá garantizar el mantenimiento de las inversiones, del nivel de empleo en la actividad, y de las exportaciones del sector".
El funcionario aludió así a un proyecto que grave la producción de crudo y gas en boca de pozo, en un máximo del 8%, en lugar del 20% a aplicar sobre las ventas al exterior. En cualquier caso deberían ingresar al Tesoro no menos de 370 millones de dólares anuales.
Capitanich, quien ayer se reunió con integrantes de las comisiones de Energía y Combustibles de las cámaras de Diputados y del Senado, recibió de los legisladores un fuerte respaldo para tomar las decisiones que garanticen un aporte desde el sector petrolero en este contexto de crisis.
Dicho aporte, agregó, "debe manifestarse en un aporte económico concreto, y en la preservación de inversiones y de empleo en las zonas de producción", dijo el funcionario.
En rigor, en las provincias productoras de hidrocarburos, en los gremios del sector, e incluso en algunos ámbitos del gobierno nacional existiría un alto grado de consenso en torno a la alternativa del impuesto en boca de pozo, iniciativa que es alentada por varias de las empresas petroleras.
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La Ciudad
