El director del Servicio Penitenciario, Arturo Gandolla, solicitó ayer que el gobierno provincial dicte la emergencia carcelaria ya que otorgaría celeridad, según el funcionario, a todas las tramitaciones que en este momento están paralizadas, como la construcción de una alcaidía en Rosario y la contratación de personal y suministros.
Gandolla recordó que las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario y las comisarías, particularmente la de las grandes ciudades, se encuentran colapsadas por la cantidad de internos alojados en su dependencias lo que genera graves dificultades como la proliferación de las fugas y los hechos de violencia.
El funcionario además señaló que podría haber resultados positivos a las gestiones llevadas a cabo por el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, ante el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, sobre la deuda del gobierno nacional por el mantenimiento de presos federales en nuestra provincia, la que se ha ido incrementando en los últimos tiempos.
Haciendo cuentas
Según Gandolla, esta deuda con una cifra que orilla entre los 12 y l3 millones de pesos está en vía de gestión y en los últimos días se habría avanzado bastante en la posibilidad de lograr su cobro, destacando que esto sería fundamental ya que esta partida no está asignada en el presupuesto 2002 y podría ser decidida para la construcción de la alcaidía en Rosario dando de esa manera solución a las comisarías del sur de la provincia.
Por otra parte, Gandolla confirmó que fue relevada María Cristina Matos de su cargo de directora del Instituto de Rehabilitación de Mujeres y que en su lugar fue nombrado el alcaide Ricardo Landa, que cumplió funciones como jefe de correccional en la Unidad Penal Nº3, de Zeballos y Riccheri.
En tanto, a pedido de las internas de la cárcel de mujeres, la Coordinadora de Trabajo Carcelario interpuso un recurso de amparo en el Juzgado de Instrucción de la 2ª Nominación.
El pedido de Gandolla remite a un anteproyecto de ley que evalúa el gobernador Carlos Reutemann para declarar la emergencia carcelaria en la provincia. El proyecto, elaborado por el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, el subsecretario de Justicia, Carlos Carranza y el director del Servicio Penitenciario Arturo Gandolla, pretende desconcentrar a los internos de los establecimientos policiales.
Según cifras oficiales, la provincia de Santa Fe tiene 3850 detenidos de los cuales 1650 se encuentran en comisarías y unos 2200 se distribuyen los penales de Coronda, Las Flores y la Unidad III, de Rosario.
La Ciudad
