La Fundación Fair Play (Juego Limpio), que denuncia hechos de violencia en los estadios deportivos y que en mayo de 1998 logró la suspensión del fútbol ante una presentación ante el juez Víctor Perrotta, exigirá ante la Secretaría de Seguridad Interior y el ombudsman de la Nación "el estricto cumplimiento de la legislación vigente para que no se repitan más muertes en el fútbol".
Así lo confirmó el presidente de la Fundación, Sergio Ramírez Chagra, quien señaló que se requerirá también la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires y de los ombudsman del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bonaerense "para dar una respuesta al reclamo de la sociedad".
Además, la Fundación Fair Play señaló que de los casos de muertes en el fútbol, "el 96 por ciento ha quedado impune".
Asimismo, el apoderado de Fair Play, el abogado Gustavo Romano Duffau, la entidad que en febrero de 1998 inició una causa que motivó la suspensión de los campeonatos de AFA, señaló: "Ante la reaparición de luctuosos hechos de violencia en los torneos, estudiamos realizar una nueva presentación ante la Justicia".
El letrado dijo que "es muy serio lo que ocurrió el fin de semana último en Racing-Independiente y en Acassuso-Midland, con dos muertos, por lo que exigiremos el estricto cumplimiento de la normativa vigente".
El abogado se refirió a la falta de cumplimiento de la instalación del sistema de audio y video en el estadio de Racing y a que, "en aquellas canchas en las que ya cumplen con esa exigencia (Boca, River, San Lorenzo, Vélez, San Lorenzo y Huracán) haya muy pocos detenidos cuando ocurren hechos de violencia".
Fair Play presentó en febrero de 1998 un recurso de amparo por los hechos de violencia en el fútbol de ascenso, lo que motivó que el juez civil Víctor Perrotta ordenara la suspensión del fútbol.
En mayo de ese mismo año Perrotta, luego de estudiar la medida durante más de 90 días, resolvió suspender provisoriamente todos los torneos organizados por la AFA -incluido el campeonato de primera división-, al considerar que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para presenciar los espectáculos deportivos.
El magistrado ordenó luego el levantamiento de la medida con el condicionamiento del cumplimiento de severas medidas de seguridad por parte de la AFA.
El juez, ante el incumplimiento del máximo organismo del fútbol, resolvió suspender los torneos nuevamente el 3 de noviembre -esta vez sólo los de ascenso- por nuevos incidentes producidos en los estadios.
Sólo 24 horas más tarde, y luego de que la AFA influyera nuevamente con sus promesas de mejorar los operativos policiales, Perrotta decidió dar "una última oportunidad" y revocó su resolución.
Entre las medidas exigidas por Perrotta, y nunca cumplidas, figuraba la aplicación inmediata del derecho de admisión, la implementación obligatoria de equipos de audio y video en los estadios con capacidad superior a los 25.000 espectadores y la prohibición de venta de entradas durante el día del partido.
La aplicación del derecho de admisión fue la más cuestionada, pues no se estableció nunca de quién era la facultad de denegar el ingreso en los estadios y, fundamentalmente, la dirigencia del fútbol no quiso asumir los costos que podría significar vetar la entrada a las tristemente mentadas barras bravas.
La causa de Perrotta se convirtió en material de consulta de otros juzgados que debieron intervenir en hechos de violencia cometidos en los estadios de fútbol. (Télam)
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