Las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central anunciarán en los próximos días cómo será la nueva normativa que les permitirá a los ahorristas utilizar sus colocaciones inmovilizadas en el corralito para la compra de inmuebles y automotores, entre otros bienes registrables.
Con un conjunto de estas medidas, que se darían a conocer entre el lunes y martes, el gobierno buscará reactivar el mercado inmobiliario y el de los automóviles, que se mantuvieron paralizados durante los últimos dos meses -a partir del congelamiento de los depósitos bancarios- y padecen los peores niveles de ventas de los últimos 20 años.
Aunque el paquete apunta a flexibilizar algunas de las restricciones que rigen sobre los depósitos bancarios con el objeto de estimular la demanda y permitir que se active la economía, agentes que operan en los mercados inmobiliario y automotor aseguran que es muy poco lo que se podrá movilizar con las fórmulas que se están barajando, e insisten en volver lisa y llanamente a la primera fórmula del corralito que rigió durante diciembre pasado, y otorgaba libertades para la transferencia de los plazos fijo.
El problema para el gobierno es que una mayor liberación del corralito significaría abrirle el grifo a una mayor presión sobre el dólar, algo que se quiere evitar a cualquier precio en un momento en que se mantiene bajo incertidumbre la actitud del Fondo Monetario Internacional en torno a un pedido de auxilio financiero por unos 20 mil millones de dólares.
Según lo anunciado la semana pasada por Mario Blejer, presidente del Banco Central, entre hoy y mañana se autorizará la transferencia de depósitos entre individuos para permitir la compraventa de casas, automóviles y otros activos, pero con restricciones.
La tardanza de la puesta en funcionamiento de la nueva modalidad se debe a la necesidad de diseñar un mecanismo de compensación de las transferencias entre bancos para evitar el drenaje de depósitos de algunos bancos que podrían pasar a estar en una situación aún más comprometida que la actual. Por lo pronto, se estima que cada operación de una entidad a otra estaría acompañada por una cláusula que obligue al banco receptor a asegurar un encaje del ciento por ciento del monto de la transferencia.
La fórmula consistirá en transformar los depósitos reprogramados pesificados a 1,40 en certificados de cancelación que sólo se podrán usar dentro del sistema financiero. Este título podrá pasar de la cuenta del ahorrista a la de un tercero, que puede estar radicada en otro banco.
El problema es que los certificados podrán realizarse a mediano plazo, en función del cronograma de devolución. Por ende, requerirá algún tipo de negociación entre las partes que implicará un descuento sobre el importe del título, a menos de que sea utilizado para cancelar deudas en el banco receptor.
Así las cosas, la fórmula luce muy atractiva sólo para las empresas constructoras, cuya actividad está fuertemente sustentada en el crédito de los bancos que podrá ser cancelado, evitando una posible depreciación del título ante una eventual disparada de la moneda estadounidense.
En cambio, los agentes ligados al mercado inmobiliario se apresuraron a señalar que este mecanismo no tendrá efectos reactivantes sobre el sector porque los receptores del bono quedarán expuestos a esperar hasta que se cumplan los plazos del corralito, a riesgo de depreciación, o bien el ahorrista deberá afrontar una quita sobre el importe del papel para que se lo acepten.
Directivos de las asociaciones de agentes inmobiliarias, escribanos y martilleros públicos de Rosario que se reunieron la semana pasada con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salieron defraudados de aquel encuentro. Pidieron que se vuelva al corralito original porque la nueva fórmula no aportará demasiado y la actividad se encuentra inmersa en una situación de grave crisis. Y en la misma línea opinan los agentes del mercado automotor.
El nuevo Bónex
La arquitectura de la flexibilización del corralito se completa con la posibilidad otorgada a los ahorristas de acceder a un título del Estado nacional a diez años, por el monto en moneda norteamericana de su colocación, con un tope de 30.000 dólares.
Aunque la posibilidad de darle crédito a 10 años a un Estado con las cuentas desquiciadas luce poco prometedora para gran parte de los ahorristas que se la pasan a cacerolazo y escrache contra los bancos y los políticos, algunos analistas financieros la ven como un interesante opción. Aunque nadie se atreve a predecir sobre la solvencia del país de acá a 10 años, señalan que el ahorrista podrá al menos no quedar expuesto a una depreciación de los certificados de cancelación frente al dólar, o bien a una prórroga del cronograma si al gobierno no le cierran las cuentas.
Por otro lado, si un gran número de ahorristas opta por acceder al título a largo plazo, ese volumen de dinero inmovilizado le dará más aire al gobierno para aflojar las restricciones del corralito. No sería el único favor, porque también se mejoraría la posición negociadora con el FMI, que aboga por la finalización de las restricciones.
La Ciudad
