El gobernador Carlos Reutemann evalúa un anteproyecto de ley para declarar la emergencia carcelaria en la provincia. El proyecto, elaborado por el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, el subsecretario de Justicia, Carlos Carranza y el director del Servicio Penitenciario Arturo Gandolla, pretende desconcentrar a los internos de los establecimientos policiales, que padecen una situación sin precedentes si se tiene en cuenta que la población de detenidos en la provincia aumentó más de cuatro veces en una década y en las comisarías apenas se hicieron refacciones mínimas desde mediados del siglo pasado.
La iniciativa fue presentada hace unos diez días y el titular de la cartera de Gobierno, según contó a este diario, espera que el proyecto sea enviado por Reutemann a las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial.
Para estimar el aumento de la población carcelaria Domínguez indicó que en 1989 había unos 900 internos en las dependencias policiales y penitenciarias de la provincia. Trece años después, Santa Fe tiene 3850 detenidos de los cuales 1650 se encuentran sólo en comisarías y unos 2200 se distribuyen en los penales de Coronda, Las Flores y la Unidad III, de Rosario, indicó el ministro. En total, representa un aumento del 427,9 por ciento.
El proyecto de emergencia no sólo abarca la necesidad de infraestructura, sino la de acceder a servicios, equipamientos, provisiones, programas y obras. "No sólo es una emergencia penitenciaria, es una emergencia funcional", definió Domínguez para graficar que el boceto apunta más allá de la compra y readaptación de un predio.
Según las cuentas oficiales, sólo hacen falta unos 10 millones de pesos para concretar el proyecto, un tercio del presupuesto para construir desde cero un penal modelo, como los proyectados en Piñero y Timbúes (ver aparte).
En ese marco, más de 20 plantas de fábricas del sur provincial que están en desuso fueron visitadas para evaluar su adaptabilidad a una prisión. De esas plantas, unas cinco quedaron sindicadas como sitios posibles de transformar en presidios, con distintas posibilidades y requerimientos en cuanto a ubicación y provisión de servicios, lo cual aún forma parte del análisis de Gobierno junto al precio pedido por las instalaciones.
Responder a una urgencia
El anteproyecto de ley de emergencia cuenta con un antecedente legal que autoriza al ejecutivo a adquirir, e incluso expropiar predios aptos para remodelar como penales. Pero pretende contar además con facilidades para hacer contrataciones para la ejecución de obras, la provisión de servicios, la ejecución de programas y la adquisición de aprovisionamientos "que permitan superar el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema carcelario", dijo el ministro.
Para ello, solicita a la legislatura que le conceda las facilidades para quedar exceptuado de normativas técnicas y administrativas "que permita articular respuestas en función de la urgencia".
"Son opciones para avanzar en formas novedosas, como comodatos, cesiones, autorizaciones a terceros que permitan formas rápidas de gestión mientras rija la emergencia", indicó Domínguez.
A pesar de pedir excepciones, el plan contempla que las operaciones sean supervisadas por un órgano de contralor. El plazo estimado para la aplicación de la emergencia es de un año y prorrogable por otro, o sea, hasta el 2003.
Las salvedades que plantea el plan alcanzan incluso a la misma ley de emergencia económica provincial, ya que de realizarse las obras el Servicio Penitenciario requeriría más personal no sólo para la custodia y atención de los detenidos, sino para implementar programas y atender necesidades de integración. Todas las incorporaciones a la planta de empleados están prohibidas por esa normativa.
"La base para pedir la ley es la crisis del sistema carcelario -indicó Domínguez-. No hay lugar más inapropiado para un detenido que una comisaría que no reúne las condiciones de higiene, habitabilidad ni desenvolvimiento normal para la vida de un ser humano". Según el ministro, la situación se agravó en los últimos años con el crecimiento de la población. Otro factor a tener en cuenta es la disminución de la edad promedio de los detenidos, lo que requiere personal capacitado para la atención de los detenidos mayores y menores.
La Ciudad
