El Pami espera la emergencia sanitaria

La obra social necesita de la normativa para suspender contratos y congelar las demandas judiciales

El Pami espera que el presidente Eduardo Duhalde firme en las próximas horas un decreto que establecerá la emergencia en el organismo y que le otorgará, entre otras facultades, la posibilidad de suspender contratos y congelar las demandas judiciales contra el Instituto por un año.
De este modo, el gobierno seguiría los pasos del polémico decreto que prohibió por 180 días el inicio de acciones judiciales contra el corralito financiero, cuya inconstitucionalidad fue declarada por numerosos jueces.
Ahora, la intención oficial, de la mano de la declaración de la emergencia sanitaria, es desarmar los actuales convenios y contratos que tiene el Pami y no tener que estar atados al cumplimiento estricto de un programa que obliga al Instituto a determinado tipo de financiación, que no tiene condiciones económicas de cumplir, según explicó ayer el interventor de la obra social, José Manuel Corchuelo Blasco.
Durante una rueda de prensa que ofreció en su despacho, en cuya entrada colocó un enorme cartel que dice "No hay vacantes", dirigido, según sus allegados, a amedrentar a senadores, diputados, funcionarios y amigos del poder que se acercan a pedir algún contrato para algún familiar, Corchuelo también aseguró que si el presupuesto nacional le garantiza un piso de 170 millones de pesos mensuales, el organismo estará en condiciones de afrontar la emergencia y garantizar prestaciones de calidad.
"Queremos tender a un marco de emergencia que establezca prioridades altas, medianas y bajas: dentro de este marco también está asegurado el esquema de los medicamentos", sostuvo Corchuelo.
El funcionario también defendió con firmeza el punto más crítico del decreto -que está a la firma de Duhalde-, el de la suspensión de juicios contra el Pami por un año. "Nosotros propendemos a la protección del conjunto. Buscamos un mecanismo de prórroga de determinadas obligaciones para asegurar los esquemas centrales que son las prestaciones sanitarias y sociales".
Además, Corchuelo reiteró su intención de eliminar la intermediación, el gerenciamiento, la privatización o cualquier otra figura de tercerización de la estructura del Pami. (DyN)