El decreto oficial que suspende por 180 días los juicios de ahorristas contra el Estado por el corralito financiero es inconstitucional y viola de manera "flagrante" la división de poderes. Así lo estableció ayer la jueza federal Nº 2 de Rosario, Sylvia Aramberri, en el primer fallo de este tipo en la provincia de Santa Fe. La magistrada dijo que la disposición del gobierno nacional es "exorbitante" y atenta contra principios básicos de convivencia política y social, y decidió seguir adelante con los procesos judiciales a su cargo por este tema.
Aramberri tiene en su juzgado dos demandas contra el Poder Ejecutivo, una de una empresa (Alloco SA) y otra de un particular, a raíz de las disposiciones que impiden a los ahorristas disponer libremente del dinero que tenían depositado en los bancos. Fue en el marco de esas causas donde dictó la resolución conocida ayer, que si bien no se refieren todavía a la legalidad o no del corralito, sí establece que la suspensión de los juicios por seis meses es una medida inconstitucional y por lo tanto ilegítima.
La resolución no sólo cuestiona el decreto que frena los procesos judiciales y las ejecuciones contra el Estado sino que de hecho implica la prosecución de estas dos demandas, ambas bajo la figura jurídica del amparo, contra el Ejecutivo que encabeza Eduardo Duhalde.
A favor del pueblo
Aramberri comunicó personalmente ayer a un grupo de ahorristas el contenido de su decisión. Lo hizo al recibirlos al cabo de una ruidosa marcha que se realizó frente a los tribunales federales de Entre Ríos al 300 para reclamar un freno judicial a la disposición del gobierno. Allí trabaja, entre otros, la propia Aramberri. Al conocer la decisión de la jueza, los manifestantes dijeron que su resolución "favorece al pueblo" y se retiraron satisfechos y blandiendo copas del fallo después cortar el tránsito en pleno mediodía.
En algo más de cuatro páginas, la jueza federal cuestionó severamente la decisión del Ejecutivo de impedir el ejercicio de sus funciones a otro poder del Estado. "No hay norma que pueda cercenar la facultad que la Constitución otorga al Poder Judicial para velar por el cumplimiento de las leyes y los derechos de los ciudadanos", dijo e incluyó en este principio al artículo 12 del decreto 214/02 que abre un período de 180 días sin juicios, medidas cautelares ni ejecuciones contra el Estado por la retención del dinero de los ahorristas en los bancos.
Aún cuando reconoció la gravedad de la crisis que afecta al país, a la que calificó de "lamentable", Aramberri dijo que el Ejecutivo no debe dejar de ser "razonable" al dictar medidas para paliarla y de respetar las garantías de los derechos constitucionales, con más razón si se trata de las garantías judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
Según el criterio de la jueza, que los ahorristas aplaudieron al conocer su decisión, la suspensión de los juicios por 180 días viola todos estas garantías y por ese motivo es inconstitucional y debe quedar sin efecto.
La Ciudad
