El gobierno nacional decretó ayer la aplicación de derechos de exportación del 20 por ciento para los hidrocarburos y vetó en forma parcial la ley de quiebras, sancionada el pasado 30 de enero por el Congreso. Las decisiones oficiales se conocieron en coincidencia con la segunda y última jornada de negociaciones del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cuyo término quedó establecido una agenda de temas que deberá resolver la administración de Eduardo Duhalde para acceder a dinero fresco (ver página 4). Aunque voceros del gobierno se ocuparon anoche de aclarar que una cosa no tenía nada que ver con la otra, el veto y cambios en la política tributaria son dos puntos que el organismo multilateral pretende ver pasado en limpio en el plan económico.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que el resultado fiscal de las retenciones a las exportaciones de combustibles será destinado a “financiar parte del gasto público y eventualmente también se había planificado crear un fondo de compensación de activos y pasivos de pesos y dólares”.
En conferencia de prensa, Capitanich recordó que el Ejecutivo estaba facultado a aplicar este derecho a partir de la sanción de la ley de emergencia pública y ya está contemplado en el presupuesto girado al Congreso, Y remarcó que “a partir de esta reglamentación se aplicará en forma inmediata”.
La aplicación de esta retención a la exportación de hidrocarburos fue objeto de varias reuniones entre el gobierno, incluido el presidente Eduardo Duhalde, y los representantes de las principales empresas petroleras que operan en el país, que resistían los cambios y amenazaban con contragolpear con aumentos en el precio de los combustibles.
El jefe de Gabinete intentó desligar la decisión de vetar parcialmente la ley de quiebras, cuyo decreto se firmó un día antes de que venciera el plazo formal para su promulgación, de las supuestas presiones que el FMI ejerció en ese sentido. “Si bien atendemos demandas o recomendaciones de los organismos internacionales, lo que hacemos como Poder Ejecutivo Nacional hacemos uso de facultades que nos permitan establecer las normas que sean correcta para la situación que tiene la Argentina en la actualidad”, aseveró. No obstante admitió que hubo “innumerables polémicas con esta ley” y recordó que hay una comisión del Senado de la Nación que la está estudiando en forma minuciosa.
Lo que quedó en el camino
El gobierno vetó la última parte del artículo 15, referido a que si vencido el período de 90 días para la negociación entre deudor y acreedor no existía un acuerdo entre las partes en forma automática la entidad financiera debería previsionar el 100 por ciento del crédito del deudor.
También se eliminó el anteúltimo párrafo del artículo 16, pertinente a la suspensión de ejecuciones de medidas cautelares vinculadas a deudas de carácter impositivo y previsional.
Asimismo, se decidió dejar sin efecto los artículos 17 y 18. Según Capitanich, las consideraciones de estos dos ítems eran redundantes con lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgente 214, en el cual se dispuso que no haya diferencias en la pesificación de créditos de menos y más de 100.000 dólares. En esa norma se estableció que todos créditos en dólares, no importa el monto, serán ajustados a través del coeficiente de referencia (CER).
En otro orden, Capitanich aseguró que la decisión de dar marcha atrás con la eliminación de la promoción industrial, que se había previsto inicialmente en el presupuesto para este año, “no tendrá un impacto fiscal importante” e incluso remarcó que puede ser compensado entre distintos proyectos promovidos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar o reducir la promoción rural, el jefe de Gabinete afirmó: “Tenemos que cumplir una meta fiscal y lamentablemente tenemos múltiples restricciones desde el punto de vista de obtención de recursos y eso nos obliga a tener un control muy fuerte de las asignaciones presupuestarias”. Por lo pronto, el tema generó una rápida reacción de las entidades ruralistas, que se resisten a ceder estos beneficios sectoriales.
La Ciudad
